Por Felipe Hernández
A todas luces inaceptable la represión a ciudadanos desarmados que demandan simplemente que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. En apenas tres semanas se registra un segundo acto represivo a gente desarmada en el gobierno de Carlos Joaquín. Primero en José María Morelos y ahora, con consecuencias más graves, en Cancún. Inaceptable por donde se le vea.
Esta noche de lunes el Mando Único de Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario estatal de Seguridad Pública traído ex profeso por el gobernador Carlos Joaquín, simplemente arrojó no la gota que faltaba para derramar el vaso, sino balazos a ciudadanos, mujeres, inocentes, inermes, que protestaban con indignación, cómo es necesario estar, por la inseguridad y la violencia. Por la muerte atroz de una joven, de otra más, por la de muchas otras.
Salir a decir en redes sociales, como hizo nuevamente Capella, que está «ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del Estado toda la información para que haga lo propio» sobre la represión ejercida a balazos por los policías que están bajo su mando es una salida simple y también inaceptable.
Los policías no se mandan solos. Alguien tuvo que darles la orden para repeler violentamente a las personas, la gran mayoría mujeres, que estaban manifestándose frente al palacio municipal de Benito Juárez. No se trata de simples macanazos, no: hubo personas heridas de bala. A todas luces reprobable.
Los errores del gobierno en turno van convirtiéndose en bolas de nieve. Crecen. Amenazan con salirse de control. Apenas hubo reacción por lo ocurrido en La Esperanza, José María Morelos, cuando 77 policías de Capella acudieron amparos por la sombra de la noche para «liberar» a dos trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social. No actuaron porque se les ocurrió. No se mandan solos. Y Capella tampoco. Fue apenas el inicio.
Ahora lo de Cancún es peor. Ahora ya hubo heridos de bala. Van dos. ¿Acaso la apuesta es que el ciudadano entienda que debe quedarse callado y no protestar? ¿Acaso en el siguiente acto represivo habrá muertos? ¿Ese es el mensaje: «se portan bien, se callan y se aguantan o se mueren»?
La política, según parece, está desaparecida en Quintana Roo. Urge una Alerta Amber para localizarla. Urge que aparezcan también los resultados y el diálogo con la gente. Las mujeres anunciaron con suficiente anticipación la protesta de esta noche: nadie les dio la cara, nadie dialogó: fue más fácil ordenar disparar balas de plomo y de goma. Reprobable.
Y si la represión tiene que ver con la disputa política en el presente proceso electoral; si la razón fue desbarrancar a actores en contienda, es aún más grave. El gobernador Carlos Joaquín, el secretario Capella y la presidente municipal Mara Lezama tienen mucho que explicar.
