Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo. — En un video difundido a través de su cuenta de Facebook, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Aguilar Osorio, pretendió explicar el mecanismo de fijación de precios en el mercado agrícola con una soltura que raya en la ingenuidad, mostrando «con facilidad» una fórmula que dista drásticamente de la dura realidad que enfrentan los productores del estado.
Sin embargo, los precios del sector agropecuario no se decretan con optimismo ni responden al voluntarismo político. La economía agrícola se rige por leyes complejas: la oferta y la demanda, los costos de insumos y transporte, el impacto climático, la competencia y las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Resulta llamativo que Aguilar Osorio, maestro en Derecho Penal, reduzca un fenómeno estructural de la economía a una retórica más cercana a un taller de motivación personal que a la conducción de la política agropecuaria estatal. Si la economía funcionara pidiendo a productores y comerciantes que solo «le echen ganas», la inflación y las crisis del campo se resolverían con una simple conferencia de prensa.
El problema central que asfixia al agricultor en Quintana Roo es la pérdida de control sobre el precio de su cosecha. Frente a la falta de infraestructura propia, centros de acopio y redes de distribución, las familias del campo quedan atrapadas en un dilema crítico: malbaratar su producto ante los intermediarios, mejor conocidos por «coyotes» o dejar que se pudra en el surco.
Lo que requiere el productor, son políticas públicas de fondo, financiamiento accesible, infraestructura de almacenamiento y certidumbre jurídica y comercial, pero en la realidad la Sedarpe, con Jorge Aguilar Osorio al frente ofrece discursos efectistas en redes sociales que priorizan el impacto político por encima de las soluciones técnicas.
Es en la creación de infraestructura y en la eliminación del intermediarismo voraz donde la Sedarpe debería concentrar su capacidad presupuestal y operativa. No obstante, mientras la dependencia mantenga una agenda orientada a obtener «resultados políticos» e imagen en redes sociales, el impacto en la economía real del campesino seguirá siendo nulo.
El campo quintanarroense no necesita videos explicativos de escritorio ni discursos de autosuperación; requiere instituciones con rigor técnico que entiendan la comercialización y devuelvan el valor justo al trabajo de la tierra.
