Por Victoria Castro Chávez
Chetumal.-Mientras los comunicados oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana celebran con bombo y platillo el rescate de víctimas en cateos a bares de Cancún, Playa del Carmen o Chetumal, una grieta profunda atraviesa la política de procuración de justicia en Quintana Roo: la autoridad padece de una ceguera selectiva frente al fenómeno de la trata de personas.
De los 11 tipos penalizados por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el aparato institucional del estado ha concentrado sus baterías, recursos y cobertura mediática en solo cuatro modalidades: la explotación sexual ajena, la explotación laboral en desarrollos turísticos e inmobiliarios, la mendicidad forzada y el reclutamiento de menores para el crimen organizado.
El restante abanico de modalidades —siete formas de violencia estructural igual de cruentas— pasa prácticamente inadvertido, sepultado en una inercia institucional que desconoce, invisibiliza o reclasifica estos delitos para no engrosar las ya incómodas estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Centrar la atención en la explotación sexual y laboral responde, en buena medida, a la naturaleza de la dinámica económica de la entidad. Las presiones de colectivos locales y organismos internacionales como las Naciones Unidas han forzado a que los operativos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Trata se enfoquen en la zona turística. De igual forma, la presencia visible de la mendicidad de menores e indígenas en cruceros urbanos impone una exigencia de contención social.
Sin embargo, esta estrategia reactiva deja al descubierto una preocupante realidad: la justicia en Quintana Roo persigue únicamente las formas de explotación que incomodan visual o turísticamente al estado, ya que solo atiende la explotación sexual ajena, laboral, mendicidad forzada y uso de menores en delitos, pero omite otras explotaciones como la esclavitud, servidumbre por deudas/apego, adoptación ilegal de menores, matrimonio forzado o servil, tráfico de órganos, trabajos o servicios forzados y, experimentación biométrica
Mientras la narrativa oficial presume «golpes estructurales» a redes de trata, en las carpetas de investigación estatales la cifra de las otras siete modalidades raya sistemáticamente en cero.
En comunidades rurales e indígenas del centro y sur del estado (como Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos), la servidumbre por deudas o sometimiento histórico no forma parte de los protocolos de inspección de la Secretaría del Trabajo local, catalogándose erróneamente como «usos y costumbres» o simples disputas laborales.
A pesar de las advertencias de organizaciones civiles sobre bodas pactadas que involucran a menores bajo intercambio económico en zonas marginadas o de alta migración, la FGE opta por tipificar las denuncias como violencia familiar o estrados civiles, despojándolas del carácter de trata.
La opacidad con la que operan redes informales de gestación, sumada al flujo migratorio irregular que cruza la entidad, crea el caldo de cultivo ideal para el tráfico de personas recién nacidas o el comercio ilícito de tejidos. No obstante, no existen unidades de inteligencia dedicadas a rastrear estos patrones en clínicas o cruces fronterizos.
La ausencia de registros oficiales en estas siete modalidades no implica su inexistencia en el territorio quintanarroense. La Cifra Negra —aquellos delitos que no se denuncian o no se investigan— se amplifica por la falta de personal capacitado para detectar indicadores de esclavitud moderna o matrimonio servil al momento de recibir una querella.
Al enfocar sus esfuerzos exclusivamente en los cuatro focos más escandalosos, la autoridad no solo vulnera el principio de acceso a la justicia integral para todas las víctimas, sino que deja abiertas ventanas de impunidad donde el crimen organizado opera con absoluta soltura.
La pregunta que queda en el aire para los titulares de la seguridad y procuración de justicia en el Caribe Mexicano es clara: ¿Se trata de incapacidad técnica para investigar delitos complejos o de una decisión deliberada para no alterar la imagen de un destino turístico internacional?
