EFECTO MARIPOSA
- Grave, que López Obrador use su investidura presidencial para tratar de desprestigiar a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Norma Lucía Piña Hernández.
- Sufre otro revés el “Plan B de la Reforma Electoral” por suspensión provisional dictada por Juez integrante del Poder Judicial de la Federación.
Las acusaciones del presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, a la Ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Norma Lucía Piña Hernández, relacionadas con una supuesta mafia en el Poder Judicial al servicio de los sujetos bajo proceso penal; no es más que una estrategia mediática; de las más bajas y ruines; de las que acostumbra el primer mandatario contra quienes considera sus adversarios políticos, que tienen como objetivo desvirtuar el juicio que realice esta Corte, referentes a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos de oposición; PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como los legisladores federales de las fracciones parlamentarias de estos partidos e integrantes del grupo plural con representación en ambas cámaras; sumadas a las demandas de Controversia Constitucional presentadas por el INE
Estas demandas de Controversia Constitucional son en contra del decreto por el que se reforman: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La reforma electoral denominada “Plan B” ha sufrido importantes reveses como las suspensiones otorgadas por juzgados del Poder Judicial de la Federación; la primera fue el revés de la SCJN del Plan B de Reforma Electoral, cuando el ministro Alberto Pérez Dayan suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social en los procesos electorales de Coahuila y el estado de México-
El segundo revés fue la reinstalación provisional del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, por sentencia de suspensión otorgada por la Jueza del Tribunal Administrativo; Blanca Lobo, y la tercera fue la suspensión provisional otorgada a la trabajadora del INE Raquel Mondragón Correa por una jueza federal; para que no sea despedida a causa de la aplicación del “Plan B” de reforma electoral y será el 23 de marzo del presente cuando el Juez del Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López determinará si concede una suspensión definitiva, la que la mantendría en su encargo hasta que se resuelva de fondo su juicio de amparo.
Una vez que Andrés Manuel López Obrador comprobó que la ministra de la SCJN actuará de manera independiente e imparcial en su actuar en el caso de las acciones de controversias constitucionales mencionadas, pareciera que pretende someterla a bases de denostación, calumnias y veladas amenazas de muerte por parte de los medios de comunicación afines a su gobierno y la manipulación de sus seguidores, para que emitan impunes amenazas de muerte, puesto que desde su tribuna en las mañaneras, acusa y declara culpable de corrupción a Norma Lucia Piña Hernández, mermando la credibilidad en uno de los poderes de la Unión, acción que pudiera tipificarse como un grave delito en razón de género.
El secuestro y posterior liberación del reportero Jimmy Palomo, al parecer por parte de una célula perteneciente al crimen organizado; de las nuevas organizaciones criminales asentadas en el sur de Quintana Roo; creyera ser la concreción de las predicciones hechas por trabajadores del volante, quienes en sus charlas cotidianas, vienen advirtiendo de la posibilidad de que Chetumal en unos días, sufra de una serie de secuestros y extorsión por cobro de derecho de piso. A decir de la sociedad civil, las amas de casa cada día están más temerosas de que Chetumal llegue a transformarse en un Cancún o Playa del Carmen, en relación con la inseguridad que golpea a la ciudad capital, por mientras, los comunicadores han anotado el mensaje; “no se metan en asuntos del narcotráfico”
