Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— El corredor turístico conformado por Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentra la mayor incidencia de investigaciones relacionadas con adolescentes involucrados en actividades delictivas en Quintana Roo. Sin embargo, la ausencia de un sistema estatal de estadísticas públicas impide conocer con precisión cuántos menores ingresan cada año al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y cuáles municipios registran los mayores niveles de reincidencia.
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes muestra que Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum aparecen de manera recurrente en investigaciones donde participan adolescentes, principalmente por delitos de robo, lesiones, narcomenudeo, portación de armas de fuego y delitos sexuales.
En contraste, los municipios del sur de Quintana Roo presentan un menor número de casos y estos suelen estar relacionados principalmente con delitos patrimoniales.
Reclutamiento de adolescentes por grupos criminales
Uno de los casos que encendió las alertas ocurrió en Tulum, donde la Fiscalía General del Estado logró procesar a un presunto integrante de una organización criminal acusado de captar adolescentes mediante falsas ofertas de empleo para posteriormente obligarlos a distribuir drogas en la zona costera.
De acuerdo con la investigación ministerial, el grupo delictivo presuntamente se dedicaba al reclutamiento, traslado y utilización de menores de edad en actividades vinculadas con el narcomenudeo.
El caso confirma una preocupación que desde hace años han advertido organismos nacionales de protección a la infancia: la vulnerabilidad de adolescentes expuestos a condiciones como la deserción escolar, la violencia familiar, la pobreza y la falta de oportunidades laborales, factores que facilitan su captación por organizaciones criminales.
También hay antecedentes federales
A nivel federal existen casos que reflejan una mayor diversificación de los delitos en los que participan algunos menores.
La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente detenido en Cancún por portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que evidencia que algunos jóvenes no solo participan en delitos patrimoniales, sino también en conductas relacionadas con la delincuencia organizada.
Las estadísticas nacionales del INEGI indican que los delitos más frecuentes por los que adolescentes enfrentan procesos judiciales son robo, lesiones, narcomenudeo, abuso sexual y violencia familiar, mientras que ilícitos como homicidio y secuestro representan una proporción considerablemente menor, aunque existen registros de estos casos.
Falta información para evaluar resultados
Más allá de la incidencia delictiva, uno de los principales problemas detectados es la limitada disponibilidad de información pública.
Aunque las autoridades estatales impulsan campañas preventivas en escuelas, programas contra las adicciones y acciones para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, los comunicados oficiales continúan documentando casos de menores involucrados en actividades como la distribución de drogas, la portación de armas y otros delitos.
Esta situación dificulta medir con objetividad el impacto de las estrategias preventivas implementadas por las instituciones.
Especialistas en justicia para adolescentes coinciden en que las políticas con mejores resultados son aquellas que fortalecen la permanencia escolar, amplían el acceso a atención psicológica, fomentan el deporte, impulsan la capacitación para el empleo y fortalecen el acompañamiento familiar, especialmente en zonas con altos índices de violencia.
En Quintana Roo, el dinamismo económico impulsado por el turismo convive con regiones donde organizaciones criminales mantienen capacidad para reclutar adolescentes, lo que representa uno de los mayores desafíos para las instituciones de seguridad y protección de la infancia.
El reto, coinciden diversos diagnósticos, no solo consiste en reducir el número de menores que llegan al sistema de justicia, sino también en generar información pública, periódica y verificable que permita evaluar si las políticas de prevención están dando resultados y orientar las decisiones gubernamentales con base en evidencia.
