Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Los delitos de robo, narcomenudeo, lesiones y otros ilícitos patrimoniales concentran la mayor parte de los casos que involucran a adolescentes dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Quintana Roo. Sin embargo, la dimensión real del fenómeno permanece poco clara debido a la limitada información estadística que las autoridades estatales hacen pública sobre este sector de la población.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y registros de la Fiscalía General del Estado, la entidad mantiene una presencia constante de adolescentes involucrados en conductas delictivas, aunque no existe un informe estatal periódico que permita conocer cuántos menores son detenidos cada año, cuáles son los delitos predominantes por municipio o cuál es el índice de reincidencia.
Las estadísticas nacionales ubican al robo como el principal delito por el que adolescentes son procesados, seguido por lesiones, narcomenudeo, abuso sexual, violencia familiar y daño en propiedad ajena. Los delitos de alto impacto, como el homicidio, representan una proporción menor dentro del universo de casos.
Este comportamiento coincide con los comunicados emitidos de forma recurrente por la Fiscalía General del Estado, en los que se informa sobre detenciones y vinculaciones a proceso de menores de edad por delitos relacionados principalmente con robos y venta de drogas.
Diagnóstico oficial revela limitaciones
Uno de los pocos indicadores públicos disponibles proviene del diagnóstico elaborado por SIPINNA Quintana Roo, el cual señala que, hasta junio de 2025, 45 adolescentes cumplían medidas de sanción en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Chetumal.
El documento también reconoce la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del delito, la protección de derechos y los programas de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley.
Los diagnósticos oficiales identifican como principales factores de riesgo el abandono escolar, la violencia familiar, el consumo de drogas, la falta de oportunidades económicas y la presencia de grupos delictivos que reclutan menores para actividades de narcomenudeo, vigilancia o apoyo logístico.
Falta medir el impacto de las políticas públicas
Si bien el Gobierno del Estado mantiene programas dirigidos a la prevención de la violencia y la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, la información disponible no permite determinar si estas estrategias han reducido el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas.
Hasta ahora tampoco existen evaluaciones públicas que midan la eficacia de estos programas ni indicadores que permitan identificar qué municipios presentan mayor incidencia o cuáles acciones han generado mejores resultados.
Especialistas consideran que la ausencia de estadísticas periódicas sobre incidencia delictiva juvenil, reincidencia, reinserción social y evaluación de programas preventivos representa uno de los principales retos institucionales para diseñar políticas públicas eficaces.
Sin información suficiente y actualizada, resulta complejo conocer la evolución del problema, asignar recursos con base en evidencia y evaluar si las acciones preventivas realmente están evitando que más adolescentes ingresen al sistema de justicia o si únicamente atienden las consecuencias una vez que los delitos ya fueron cometidos.
En ese contexto, Quintana Roo enfrenta el desafío de fortalecer la transparencia y la generación de datos públicos que permitan comprender la dimensión de la delincuencia juvenil y orientar estrategias de prevención sustentadas en evidencia, con el objetivo de reducir la participación de adolescentes en actividades delictivas y favorecer su reintegración social.
