Chetumal, Quintana Roo.- Bien dicen que en política no existen las coincidencias, mucho menos las casualidades, todo tiene un porqué.
Y esto, evidentemente, se comprueba cuando se “tejen los hilos” y se alcanza una conclusión. Resulta “sospechoso” el entreguismo y el papel servil del Partido Verde en Quintana Roo (PV), al frente de José de la Peña Ruíz Chávez, con el gobernador del Estado Carlos Joaquín González.
Sin embargo, existe una conjetura que ata cabos y demuestra el por qué el «partido del tucán» sirve de alfombra al mandatario estatal para satisfacer intereses políticos.
Resulta que el hermano menor del actual dirigente estatal de dicho partido, Patricio de la Peña Ruíz de Chávez, ex funcionario de Roberto Borge Angulo, enfrenta un proceso judicial por la Auditoría Superior del Estado, el cual se presume lo mantiene con un pie dentro de la cárcel, acusado por operar una red de corrupción desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Con severas acusaciones sobre juicios laborales simulados desde las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), operó fraudes y despojos de departamentos de residencias y departamentos de lujo. Además, se apropió de edificios y terrenos de particulares, mismos que vendió a la mitad de su valor, así como congeló y retiró cuantiosas sumas de dinero de cuentas bancarias.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que encabeza Rosaura Arzápalo Villanueva tiene integrado un expediente, mismo que, de ejecutarse, pondría al ex funcionario borgista y hermano del directivo del «verde» tras los barrotes.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción tiene bajo la «manga» un as útil para Joaquín González, sobre todo cuando la efervescencia política comienza a burbujear rápidamente rumbo a las elecciones del próximo 2021 y 2022.
Por lo tanto, Carlos Joaquín tiene de rodillas, hincado y postrado sobre sus pies al Partido Verde, con carpetita de Patricio de la Peña Ruíz de Chávez en mano para actuar inmediato si no se le satisface con sus movimientos y “amarres” políticos.
Lo vergonzoso es que el mandatario estatal presume ser el protagonista del «Gobierno del Cambio» y que el uso de las instituciones públicas para cuestiones políticas es algo que quedó en el pasado, mientras los hechos hacen sospechar lo contrario.
Por qué, pues, la Fiscalía Anticorrupción no actúa con imparcialidad —es lo que se percibe—, puesto que hay infinidad de pendientes por atender y seguramente varios de estos están a merced de una indicación que provenga desde arriba.
O, ¿No es así Rosaura Arzápalo?
