Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Mientras la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) intensifica las acciones para recuperar adeudos mediante notificaciones, advertencias de embargo y restricciones en el suministro de agua, persisten cuestionamientos sobre el manejo interno del organismo tras el presunto desvío de 20 millones de pesos relacionado con operaciones en activos digitales, un caso que continúa sin un esclarecimiento público.
De acuerdo con testimonios de usuarios y trabajadores consultados, la Dirección de Recuperación de Adeudos (DRAEF) mantiene operativos diarios para localizar a personas con cartera vencida, notificarlas e invitarlas a regularizar su situación mediante convenios de pago.
Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que las medidas implementadas resultan excesivas y generan un ambiente de presión sobre familias que enfrentan dificultades económicas.
Entre las acciones señaladas se encuentra la advertencia de colocar avisos en inmuebles sujetos a procedimientos de cobro, práctica que algunos usuarios califican como una forma de exhibición pública.
Asimismo, habitantes de distintas comunidades denunciaron que, pese a las restricciones legales para suspender completamente el servicio de agua potable en viviendas habitadas, en algunos casos se ha reducido el suministro mediante sistemas de baja presión y, en otros, se han reportado cortes totales del servicio.
En el poblado de Calderitas, vecinos aseguraron que personal del organismo realizó intervenciones en instalaciones domiciliarias que dejaron temporalmente sin agua a algunas familias, situación que, afirman, afecta las condiciones básicas de higiene y salud.
Otro de los señalamientos se relaciona con los esquemas de regularización ofrecidos por la CAPA.
Usuarios consultados indicaron que los convenios de pago contemplan anticipos elevados y condiciones que consideran difíciles de cumplir para personas con ingresos limitados, especialmente cuando los adeudos ya incluyen recargos y multas acumuladas.
Trabajadores del organismo señalaron, bajo reserva de identidad, que algunos ciudadanos buscan gestionar descuentos extraordinarios directamente durante eventos públicos encabezados por autoridades estatales, al considerar que las opciones disponibles en las oficinas de la dependencia resultan insuficientes para resolver ciertos casos.
Persisten cuestionamientos por presunto desvío de recursos
Las acciones de recuperación de adeudos ocurren mientras continúa pendiente el esclarecimiento del caso relacionado con el presunto desvío de 20 millones de pesos del organismo, recursos que, de acuerdo con investigaciones dadas a conocer previamente, habrían sido utilizados para operaciones en activos digitales.
Hasta el momento, diversos sectores han solicitado mayor transparencia sobre el avance de las investigaciones, el destino de los recursos y las acciones implementadas para fortalecer los mecanismos de control interno.
El contraste entre el endurecimiento de las acciones de cobranza y las dudas sobre el manejo de recursos públicos ha generado críticas entre usuarios, quienes consideran necesario que la rendición de cuentas avance con el mismo rigor que las medidas aplicadas para recuperar los adeudos por el servicio de agua potable.
En este contexto, especialistas señalan que el equilibrio entre la recuperación financiera de los organismos operadores y el respeto a los derechos de los usuarios resulta indispensable para garantizar tanto la sostenibilidad del servicio como la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
