Roberto Borge Angulo tenía razón sobre Carlos Joaquín cuando en plena campaña hacia la gubernatura en el ya lejano 2016, el aún primer mandatario dijo que para ser Gobernador se requería tener “quintanarroismo”, frase que fue desdeñada por varios habitantes del Estado. Sin embargo, hoy en día es evidente que Carlos Joaquín no tenía amor por el Estado que arropó los negocios de su padre.
Lamentablemente para los Quintanarroenses Carlos Joaquín no tuvo ni tendrá ese “Quintanarroismo”, pues a 4 años de aquella campaña en la que defendió sus raíces cozumeleñas, la administración actual está repleta de fuereños que recién arribaron al estado en 2016 como cuota de pago a favores políticos del hoy gobernador.
Roberto Borge, hoy preso en un penal de Morelos por el desvío de recursos públicos, expresó en el 2016 que Carlos Joaquín no tenía capacidad política y que entregaría el Estado a los fuereños, dejando de un lado a los Quintanarroenses, situación que ocurrió y que incluso la XV legislatura tuvo que reformar la ley para incrustar en puestos importantes a funcionarios que le han costado muy caro a la sociedad.
El primero de ellos, Alberto Capella Ibarra, quien no sólo fue un pago de favor al ex gobernador de Morelos Graco Ramírez, sino que además desmanteló la policía de esa entidad para darlos de alta en la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSPQROO), pues son más de 400 elementos de ese estado que cuentan con una plaza a partir de septiembre del 2018.
El segundo caso es el del Fiscal Oscar Montes de Oca, quien fue señalado por los propios elementos por contratar a más de 300 elementos del centro del país que forman parte del grupo de los “chilangos” y cuyos sueldos superan al de los elementos antiguos de la corporación, en ambos casos las dependencias de seguridad han sido las más saqueadas y que menos resultado han dado en combate a la delincuencia.
Aunque la administración de Carlos Joaquín inició con el eslogan “Hay Cambio”, con referencia a transparentar las cuentas públicas y castigar el saqueo de las arcas estatales que en su momento llevaron a cabo funcionarios del Borgismo, fue el propio Contralor del Estado Rafael del Pozo Dergal quien deslizó en su comparecencia ante la XVI legislatura que en esta administración hay más funcionarios investigados que durante el sexenio de Roberto Borge Angulo.
A 2 años de concluir la accidentada y mala administración de Carlos Joaquín, los Quintanarroenses aún tienen la esperanza de tener un gobernador digno del “quintanarroismo”, que sea capaz de rescatar del olvido a la zona sur del Estado y que sepa entender las necesidades de la población y sobre todo, que entienda las diferencias entre el norte y sur del Estado para crear un desarrollo integral en beneficio de la población.
Faltan 2 años de la administración actual, con muchos desatinos y la cual se olvidó de las promesas hechas con los quintanarroenses, con una indiferencia y desigualdad aún más marcada que en sexenios anteriores, en las que Carlos Joaquín no supo trazar el rumbo y dejó que los fuereños tomarán las decisiones por él. Roberto Borge tenía razón: a Carlos Joaquín le falta, y mucho, Quintanarroismo.
