“La última palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo
El requisito de residencia para ocupar los cargos de gobernador, elección popular y puestos administrativos de alto nivel estatales, lo establece la Constitución federal en cinco años como mínimo, y cada entidad puede exigir requisitos diferentes, pero nunca menor al federal.
La doctrina constitucional establece que los estados podrán exigir una residencia distinta, siempre y cuando no sea menor a la establecida a nivel federal. Es decir, cinco años es el requisito mínimo; no el máximo.
Para ser gobernador, la federación establece un mínimo de cinco años y la Constitución de Quintana Roo establece 10 años y es legal.
Igual sucede para ocupar cargos públicos en las administraciones estatales, ya que en Quintana Roo se establecen cinco años de arraigo, aunque este requisito fue derogado –sólo para los titulares de la Fiscalía y de Seguridad Pública–, por decisión del actual gobierno, para poder nombrar a Alberto Capella y luego a Oscar Montes de Oca, respectivamente.
CJG DERRAMÓ EL VASO
Nacido en Yucatán, donde creció, se formó, se casó, nacieron sus hijos y sus empresas, Carlos Joaquín González decidió ser gobernador de Quintana Roo, apelando a su derecho de apellido y para no quedar atrás de su hermano, Pedro.
Montado en el hartazgo contra los gobiernos saqueadores de Félix-Borge, CJG llegó al gobierno y llenó la administración pública con personas que llegaron expresamente a ocupar altos cargos, principalmente de Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México. El motivo: pagar el financiamiento recibido para su campaña.
Ha gobernado como en los peores tiempos del Territorio Federal. Ha sido indiferente a la historia de lucha civilista, que es la marca profunda de la creación del estado y la identidad quintanarroenses:
Primero, para evitar la desaparición del Territorio, luego por un gobernador nativo y, después, por alcanzar el autogobierno.
Después de cinco años de la actual administración, Quintana Roo tiene hoy el gobierno estatal con menos arraigo y con más desprecio hacia el sur y comunidades mayas. Un gobierno en su zona de confort hotelera.
El hartazgo social que se ha ganado el actual gobierno, justifica plenamente las iniciativas que hoy se están ventilando públicamente, para restablecer el requisito de residencia, derogado por el actual gobernador a través de la XV Legislatura.
15 AÑOS PARA GOBERNADOR Y 10 PARA OTROS CARGOS
La propuesta, en la que coinciden las iniciativas del Consejo Ciudadano de Chetumal, el Frente Cívico Quintanarroense y la del diputado Roberto Erales, es elevar el requisito a diez años.
Habría que considerar las diversas voces que proponen que el requisito de residencia para ser gobernador sea elevado a 15 años. Es decir, 15 años para gobernador y 10 años para ocupar puestos de alto nivel en los tres poderes, órganos autónomos y gobiernos municipales.
No se trata de nativismo, sino de impedir que vuelvan a suceder gobiernos tan peores como el actual.
Los diputados y diputadas de la 4T, o lo que queda de esta “mayoría subordinada”, tienen otra prueba para refrendar que la XVI Legislatura pasará a la historia como la más monetizada, o tratar de rescatar la dignidad, poniéndose de lado de Quintana Roo, estado al que dicen representar. Estimado lector, usted tiene la última palabra. Chetumal, 191121.
