Al fin, Quintana Roo tiene menos instituciones políticas, pero en lugar de ahorros tendremos que darles más dinero. Los diputados ven todo, menos lo costosos que son sus partidos.
«El buen juez por su casa NO empieza» o ¿como era? Ah ya «El buen juez por su casa empieza»
Me pareció escuchar en varias ocasiones esa frase.
Precisamente lo mencionaban uno que otro diputado cuando hablaban de poner el ejemplo sobre la austeridad y el buen manejo del dinero público.
Decían que el Poder Ejecutivo lo iba a hacer, que el Poder Legislativo lo iba a hacer.
Y lo dicen como si el Congreso fuera su hogar. Y no, el Congreso no es la casa de los diputados, es su centro laboral.
La realidad es que todos los que están sentados en una curul vienen de un solo lugar donde al final volverán después de triunfar o fracasar: los Partidos Políticos.
Y adivinen ¿dónde no habrá ni recortes, ni austeridad y mucho menos transparencia? Exacto, justo ahí.
A cualquiera que le pregunten ahora dirá que sí, que es necesario reducir el costo de esos organismos.
Pero no, no lo harán. Y pretextos les sobra.
Hagamos cuentas
En 2023 los partidos políticos nos costarán a ti y a mí 53 millones de pesos. Y eso es solo para los gastos ordinarios.
Las elecciones de junio pasado nos dejaron dos partidos menos. Antes teníamos 10, ahora sólo 8.
Pero contrario a las matemáticas, no nos costarán menos, sino que que tendremos que darles casi 5 millones de pesos más que este año.
¿Quién decide la cantidad de dinero que les toca?
La fórmula para el financiamiento público está establecida en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo.
La encargada de hacer las cuentas es el Instituto Electoral de Quintana Roo. Las hizo esta semana.
A nivel federal la ley dice que el dinero a repartir saldrá de multiplicar el padrón electoral por el 75% de la Unidad de Medida y Actualización.
A nivel local, la ley menciona que es el resultado de multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización por el 65% de la lista nominal.
Como ven hay una gran diferencia entre lo que lo ordenado a nivel federal y lo que establece la ley local.
Y eso es, porque cada Congreso tiene la libertad para dictar las reglas sobre esas prerrogativas económicas.
De hecho la jurisprudencia 8/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirma: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL.
Sin importar las justificaciones, los diputados sí puede reducir el gasto de sus partidos, sólo falta que quieran.
Al final lo que queda claro es: lo de «el buen juez por su casa empieza», no es más que un discurso simplista.
