Total rechazo del PT a la iniciativa aprobada fastrak el pasado miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados
* Ley viola derecho humano al agua
Por José Luis Barrón
CHETUMAL, Q. ROO.- Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, coincidieron que la aprobación de la iniciativa de la Ley General de Aguas, es una muestra más de la intención del entreguismo de recursos naturales del gobierno de Enrique Peña Nieto a empresas privadas, y que en este caso el Grupo Higa será el máximo beneficiado al contar con la mayor parte de los contratos, limitando e incluso desapareciendo de algunas zonas el suministro del vital líquido.
En ese sentido, el diputado de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, Hernán Villatoro Barrios, indicó que como se ha venido señalando todas las contrarreformas del jefe del Ejecutivo federal solo benefician al grupo oligárquico que tiene secuestrado al país, empantanado dentro del sistema neoliberal y al igual que esta iniciativa, ninguna de las contrarreformas han sido en beneficio de la sociedad.
Asimismo abundó que la iniciativa aprobada fastrak el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), viola en diversas formas el derecho humano al agua.
Por su parte, el coordinador estatal en la Zona Sur de Quintana Roo, Mauricio Morales Beiza, señaló que la postura de su partido de rechazo es muy clara e incluso sus senadores junto con otras fracciones enviaron al Senado un estudio de 450 científicos, en el que destaca que este proyecto de ley “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.
Asimismo abundó que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que “pone en riesgo la salud”, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que “el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona”.
Además de que uno de los máximos beneficiados con esta iniciativa, indicó, es la empresa Grupo Higa, con la que los gobiernos priistas han realizado millonarios negocios: la Ley General de Aguas privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país y declara “de interés público” la participación de concesionarios y entes privados que prestarán el servicio, además de regular el uso del líquido para fractura hidráulica (fracking).
Asimismo, amparan el trasvase de una cuenca a otra, como es el caso del proyecto Monterrey-VI para llevar agua de Veracruz a Nuevo León, obra entregada a Higa y otras empresas, con rechazo popular y empresarial.
En tanto que el coordinador petista en el municipio de Othón P. Blanco, Osvaldo Castillo Sánchez, también se sumó al rechazo de esta iniciativa que sin duda afecta directamente al pueblo mexicano, sobre todo los que se hayan en zonas rurales alejadas de los asentamientos urbanos, además de que los diputados priistas y verde-ecologistas se cerraron al debate para analizar más a fondo esta nueva y controvertida ley.
Asimismo recordó que de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de estudios, resalta que la “propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio”.
Esto debido a que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.
