El Punto Sobre La i
Política

Conserva el PT su registro como partido nacional

pt genteDa TEPJF “Jalón de orejas” al INE desorganizado.

Chetumal.- El PT todavía mantiene su registro como partido político a nivel nacional,  al declararse nula por mayoría del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la determinación hecha por la Junta General  Ejecutiva del INE del pasado 3 de septiembre del presente año luego de no alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación total en el proceso federa.

Mauricio Morales Beiza integrante de la dirigencia estatal del PT dio a conocer que esperan la sentencia, pero hasta ahora mantienen el registro y como señala el documento, dependerá del Consejo General del INE como máximo órgano de dirección emitir un resolutivo y no a la Junta General Ejecutiva, misma que como habían señalado el partido, se excedió en sus funciones.

Y pese a que también desconfían de las decisiones que pueda tomar el Consejo General del INE al señalar un ataque sistemático hacia el PT, estiman que con el “jalón de orejas” que le dio el TEPJF deben reorientar su mala decisión y seguir en la línea de la verdad para que el partido siga con su registro a nivel nacional.

Mientras tanto el PT mantiene el registro estatal luego que el Instituto Electoral de Quintana Roo en días pasados lo aprobara al cumplir con todos los requisitos que marca la ley para erigirse como tal, aunque de mantenerse esta decisión emitida por el TEPJF y seguir con su registro nacional ya sería revocado este acuerdo del Ieqroo.

A continuación se presenta un extracto de la versión estenográfica de sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

México, D. F., a 23 de octubre de 2015

Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el día de hoy.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy buenas tardes a todos. Se reanuda la Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, Secretaria General de Acuerdos, por favor verifique el quórum legal.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Presidente, están presentes 5 de los 6 Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente.

Los asuntos que serán objeto de resolución en esta Sesión Pública que se reanuda son: 2,553 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios de revisión constitucional electoral, 28 recursos de apelación, 25 recursos de reconsideración y 3 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que hacen un total de 2,611 medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso y aviso complementario fijados en los estrados de esta Sala, con la aclaración de que el recurso de reconsideración 557, de este año, ha sido retirado.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, licenciada Valle.

Magistrada, Magistrados, está a su consideración el orden que se propone la discusión y resolución de asuntos, si están de acuerdo, por favor, en votación económica lo manifestamos.

Tome nota, por favor, Secretaria.

Asuntos relacionados con la pérdida de registro son los primeros que vamos a estudiar, ¿verdad?

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Así es, Señor.

A continuación se va a dar cuenta con esos asuntos y, en avance a ello, debo decirle que se dará una cuenta conjunta de diversos asuntos que guardan relación con la pérdida de registro de diversos partidos políticos nacionales.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muchas gracias.

¿Quién dará cuenta?

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: La Secretaria es Lucía Garza Jiménez.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Garza Jiménez, ¿verdad?

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Así es, Señor.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: ¿No se encuentra acá? Está llegando, la esperamos por favor.

Por favor, Lucía, si eres tan amable de dar cuenta.

Secretaria de Estudio y Cuenta Lucía Garza Jiménez: Con su autorización, Magistrado, Magistrada, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos al recurso de apelación 654 y diversos medios de impugnación turnados a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, así como del Magistrado Constancio Carrasco Daza, conjunta, relacionados con la resolución que declaró la pérdida de los registros de los Partidos del Trabajo y Humanista, emitidas por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en virtud de no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales del 7 de junio de 2015.

Previa propuesta de acumulación, la Ponencia advierte que los ciudadanos actores tienen razón en cuanto a que, efectivamente, la Junta General Ejecutiva carece de atribuciones para emitir la resolución referente a la pérdida de registro de un partido político, en tanto que únicamente le corresponde hacer la declaratoria sobre la actualización de los supuestos previstos en la normatividad aplicable y elaborar el proyecto de resolución que se deberá someter a consideración del Consejo General para que resuelva, en definitiva, si el partido político pierde o conserva su registro.

Lo anterior, surge de la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones relacionadas, sobre todo, atendiendo a la garantía constitucional de permanencia de los partidos políticos, lo cual sugiere que la declaratoria de cancelación de su registro es una cuestión de trascendencia para el sistema político electoral, pues se trata de una situación que puede afectar los derechos fundamentales de votar, ser votado y asociación en materia política electoral de los ciudadanos. De ahí que, únicamente el órgano superior del Instituto Nacional Electoral tenga atribuciones para tal decisión.

Por ello, se propone revocar las resoluciones impugnadas para los efectos precisados en los proyectos respectivos.

Es la cuenta.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Lucía, muy amable.

Magistrada, Magistrados, ¿el uso de la palabra?

Por favor, Magistrado Galván.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Gracias, Presidente.

A mi juicio, es la resolución impugnada, o las resoluciones impugnadas emitidas por autoridad competente.

En términos de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos, en algunos supuestos corresponde al Consejo General emitir la declaración de pérdida de registro de un partido político y, en otros supuestos, que están expresamente previstos, corresponde a la Junta General Ejecutiva.

En este caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, el órgano competente para declarar la pérdida de registro de un partido político es, como se dijo, la Junta General Ejecutiva.

De ahí que, en mi opinión, se deba tener como competente a este órgano de autoridad señalado como responsable y resolver el fondo de la controversia planteada.

No comparto la opinión de que sea incompetente y de que corresponda, en todos los supuestos, al Consejo General hacer la declaración respectiva.

Por ello, mi voto no coincide con lo propuesto en los proyectos de cuenta.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, Magistrado Flavio Galván.

¿Alguna otra intervención?

Magistrado Pedro Penagos.

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: Los asuntos con los que se ha dado cuenta están relacionados, efectivamente, con las declaratoria de pérdida de registro de los Partidos del Trabajo y Humanista, emitidas estas declaratorias por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la última elección de diputados federales.

Los partidos impugnantes aducen que el órgano del Instituto Nacional Electoral que debió emitir las resoluciones sobre la pérdida de registro es el Consejo General, por ser el de mayor jerarquía, y no la Junta Ejecutiva de dicho Instituto.

En los proyectos de la cuenta, desde luego, y fundamentalmente del que yo soy ponente, considero que le asiste la razón al partido actor, porque conforme a una interpretación sistemática de la norma electoral y debido a la trascendencia que tiene la resolución, esto es, la determinación de extinguir la personalidad jurídica del partido político, esto es, extinguirlo del sistema democrático con motivo de la pérdida de registro, corresponde desde mi punto de vista y conforme a la interpretación del marco jurídico al Consejo General de emitir la resolución correspondiente, por ser el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral.

El Consejo General tiene facultades de decisión y la responsabilidad para velar por la preservación y el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Al respecto el artículo 44, en su inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: El Consejo General tiene la atribución de resolver el otorgamiento del registro de los partidos políticos nacionales, así como sobre la pérdida del registro del mismo, en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Hay un precepto, pues, que es el 44, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que reconoce, u otorga, expresamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el que es el competente o le otorga facultades para emitir la resolución correspondiente a la pérdida del registro de los partidos políticos nacionales.

Precisamente por ello, en mi opinión, esta disposición además se debe estimar que se complementa con lo dispuesto por el artículo 48, inciso i) de la misma ley, el cual señala que: La Junta Ejecutiva tiene atribuciones para presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro del partido político que se encuentre en los supuestos de la Ley General de Partidos Políticos.

Y en el artículo 95, párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos se establece: Para la pérdida de registro al que se refieren los incisos a) al c) del artículo 94, la Junta General Ejecutiva emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y las declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral.

De manera que, concatenados estos dos preceptos, encontramos que con el propósito de dar funcionalidad al sistema, al sistema de partidos políticos, toda vez que la pérdida del registro de los mismos trae, como consecuencia, su extinción. No olvidemos que los partidos políticos están previstos —en el artículo 41 de la Constitución General de la República— como instituciones de interés público; precisamente por ello trae, como consecuencia, la extinción de su personalidad jurídica como entidades de esa naturaleza, es decir, como entidades de interés público reconocidas en la Constitución.

Precisamente por ello, con base en los preceptos referidos, considero que el Consejo General debe ser, y es el, órgano del Instituto Nacional Electoral que tiene facultades o a quien le corresponden las facultades para emitir la resolución que defina y dé certeza a la situación legal del partido político; además de establecer las respectivas consecuencias que en Derecho procedan.

Ello, porque es el máximo órgano del Consejo General, es el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral con atribuciones para resolver los temas vinculados con el registro de los partidos políticos.

Si es el Consejo General el órgano supremo para establecer lo relativo al registro de los partidos políticos también debe entenderse por la entidad que tiene la pérdida de registro de un partido político que a él le corresponde, independientemente de lo que dice la ley, que es expresa al respecto, a él le corresponde la facultad y el deber, en su caso, de emitir la resolución correspondiente en relación con la pérdida de registro y no a la Junta General Ejecutiva, la cual, desde mi punto de vista, tiene atribuciones de apoyo e información al respecto, ya que se trata de un órgano administrativo y de ejecución de las decisiones del propio consejo.

Esto es, la Junta General sólo puede emitir una declaración en la que con base en los cómputos distritales y las sentencias del Tribunal Electoral haga del conocimiento del Consejo General si un partido político alcanzó o no el porcentaje de votación requerido para conservar su registro como tal, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, que deberá someter a la consideración de Consejo General por ser, pues, la máxima autoridad la que debe emitir la resolución correspondiente.

Por tanto, precisamente los proyectos que se someten a su consideración, se estima que la Junta General Ejecutiva carece de competencia, así debe desestimarse, aunque hay preceptos que le otorgan, desde luego, la competencia para emitir una declaración, que para mí no la resolución de pérdida de registro a que me he referido.

Precisamente por ello, desde luego, se someten a la consideración de este Pleno de esta Sala Superior el proyecto, en los términos a que me he referido.

Gracias, Magistrado Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: A usted, Magistrado ponente.

Perdón,  Magistrado Galván, tiene uso de la palabra.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Creo que usted iba a hablar, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: No, no, por favor, Magistrado Galván.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Gracias, Presidente.

Es necesario hacer una interpretación sistemática de las normas, no sólo la interpretación literal que ya es suficiente, contenida en el artículo 95 de la Ley de Partidos Políticos.

Si hemos de recurrir a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto al ámbito de facultades de la Junta General Ejecutiva, y del Consejo General, ambas del Instituto Nacional Electoral, tenemos que confrontar los textos con lo previsto en el artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos, haciendo una interpretación sistemática que considero no es necesaria pero aplicable, resultan dos conclusiones.

El artículo 95, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, establece dos supuestos de competencia de declaración de pérdida de registro; uno, en los casos a que se refieren los incisos d) al g) del párrafo 9 del artículo 22, y los incisos e) al g) del párrafo uno del artículo anterior, la resolución del Consejo General sobre la pérdida de registro de una agrupación política o de un partido político.

Y en el párrafo uno, para la pérdida de registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo uno del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente.

Sí son dos supuestos. Tres casos, tres hipótesis A, B y C del párrafo uno, del artículo 94, en donde la competencia de la ley es otorgada a la Junta General Ejecutiva y los supuestos de los incisos e) al g) del propio párrafo uno del artículo 94, en donde la competencia de la declaración respectiva es para la Junta General del Instituto Nacional Electoral.

La declaratoria o declaración, evidentemente es una resolución, pero la declaración es resolución declarativa. Así como hay sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias mixtas. Hay resoluciones declarativas, resoluciones constitutivas y resoluciones mixtas.

Y en este caso, se refiere, por supuesto, a emitir la resolución declarativa correspondiente.

No es que haga, simple y sencillamente, la publicidad de lo que ya resolvió el Consejo General. No, para mí son dos ámbitos de competencia. Unos supuestos en donde es la Junta General Ejecutiva la que hace la declaración;  y la otra, en donde es el Consejo General la que hace la declaración.

Por ello, es que considero no es suficiente lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la interpretación sistemática y funcional de los ámbitos diferentes de competencia que han determinado ambas leyes para un acto de naturaleza igual, pero de supuestos distintos.

Para unos supuestos la Junta General Ejecutiva, para otros supuestos el Consejo General, ambos del Instituto Nacional Electoral.

Por ello, el sentido de mi opinión.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable, Magistrado ponente, qué amable Magistrado Nava.

Creo que el proyecto nos ofrece un debate integral del tema de competencia, porque nos la sistemática, bien apunta el propio proyecto y la posición del Magistrado Galván, de dos leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos.

Y, efectivamente, cuando vamos a la norma general que corresponde a los partidos políticos se establece en su artículo 94: Son causas de pérdida de registro de un partido político, y vienen explicadas éstas.

El artículo 95, en esa lógica, determina: Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo primero del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral.

Yo llamo su atención en el debate que la emisión de la declaratoria correspondiente, en la perspectiva que lo pone el Magistrado Flavio Galván, nos dice: “No, es que la emisión de la declaratoria es precisamente hacer la declaratoria y para hacer la declaratoria, ahí está depositada la competencia del órgano”, así lo interpreto.

Pero vayamos a la revisión integral del artículo 95, dice: “Esta declaratoria debe fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral”.

¿Qué llamo su atención? ¿Cuáles son las exigencias normativas de la Ley General específica para fundar la declaratoria correspondiente? Y, ¿por qué llamo en esto su atención?

Porque lo que hace la Junta Ejecutiva, en mi perspectiva, y comparto con eso el proyecto, sólo es evaluar el resultado de los cómputos y declaración de validez de los consejos del Instituto, así como las resoluciones del Tribunal Electoral.

Esto es muy distinto a lo que se nos plantea en esta litis del partido político del PT y también un tema atinente que tenemos en proyectos subsecuentes, porque precisamente cuando uno revisa y creo que ahí es donde está el debate, cuáles son los supuestos o las hipótesis por las que procede esta revisión por parte de la Junta General Ejecutiva, vamos a encontrar que los incisos a) al c), que son a través de los cuales la junta puede declarar la pérdida del registro de un partido político, creo que esto es lo que tenemos.

Son hipótesis, si me permiten ponerlos así, objetivizados ya en la norma que no requieren una interpretación por parte de la propia Junta General Ejecutiva, que en este caso concreto sí se nos está exigiendo. Y creo que aquí está el tema que nosotros debemos analizar, corresponde al contrario al consejo general la declaración de cancelación de un registro de los partidos políticos en los incisos del e) al g). Yo les pido que revisemos estos incisos del e) al g), que son la competencia originaria del consejo general, y estos incisos son haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, incumplir de manera grave y sistemática a juicio del consejo general del instituto de los organismos públicos locales, según sea el caso, las obligaciones que señala la normativa electoral, haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, el Partido, conforme a lo que establezcan sus estatutos y haberse fusionado con otro partido político. Lo digo de manera muy puntual, que esto es lo que me anima mucho en la coincidencia que encuentro con el proyecto del Magistrado Penagos, los incisos del a) al c), por los cuales la Junta General Ejecutiva realiza la declaratoria de pérdida de cancelación del registro que le corresponden a la Junta General Ejecutiva no requieren ningún criterio de interpretación como los que están planteados en esta litis.

El artículo 94 determina como competencia de la Junta General Ejecutiva para la declaratoria, primero, inciso a) cuando no haya participado el partido en un proceso electoral ordinario.

Lo digo de manera muy respetuosa, ¿Qué examen requiere para esta declaratoria el caso concreto donde un partido no haya participado en un proceso electoral ordinario? Pues ninguno, nada más verificar si el partido participó o no.

El inciso b), no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local.

Y por último, no obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como a Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del D.F., tratándose de un partido político local, si participa coaligado.

El debate que está en la especie no exige más allá, lo digo, esa es la visión con la que observo, exige más allá de la revisión de la obtención, o sea, en mi perspectiva, de observar el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales ordinarias pasadas. No.

Exige, desde la perspectiva del partido político impugnante, un examen de cómo se hace el cómputo atinente a ese 3%, está exigiendo precisamente esto la posición del partido político.

En esa perspectiva, así lo entiendo, ya no corresponde a la Junta General Ejecutiva hacer una declaratoria de esta naturaleza.

Ya este examen lo tiene que hacer el Consejo General, porque es el depositario original del debate a partir de los planteamientos concretos de qué implica o cómo se hace el cómputo del 3% de la votación válida emitida.

En esa perspectiva, si no estuviera en cuestionamiento lo anterior me parece que la declaratoria corresponde a la Junta General Ejecutiva. Pero no, porque es precisamente el punto central de la discusión que, sin duda, tendrá que hacerlo, creo, respetuosamente el Consejo General.

Es decir, porque ya es un criterio de interpretación que va a determinar un ejercicio desde la Constitución por parte del Consejo General a partir de los planteamientos expuestos por el partido político.

No estamos haciendo una declaratoria con las bases que tiene la Ley General de Partidos Políticos para la Junta General  Ejecutiva. No, ya estamos en un asunto que creo que por su naturaleza y por la forma en que se ha desarrollado exige un pronunciamiento distinto.

Y creo que esto es lo que hace que determinemos la competencia del Consejo General.

Magistrada Alanis, me habían pedido antes la palabra el ponente y el Magistrado Nava.

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: Gracias, Presidente, Magistrados.

Como bien dice el Presidente, el Magistrado Galván, requiere esta interpretación sistemática y funcional, que entiendo lleva a la elaboración de los proyectos en este sentido, se hace también tomando en consideración el inciso j), párrafo dos, del artículo 47 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se señalan… perdón, artículo 38, párrafo uno, inciso j), en donde se señalan las atribuciones de la Junta General Ejecutiva.

Este inciso j) establece que la Junta deberá presentar a consideración del Consejo General el Proyecto de Dictamen de Pérdida de Registro der Partido Político, que se encuentra en la Ley General de Partidos Políticos a más tardar el último día del mes siguiente aquel en que concluya el proceso electoral.

Hace una remisión genérica a la Ley de  Partidos Políticos y cuando establece esta vinculación con la conclusión del proceso electoral, es decir, al mes siguiente de que concluya el proceso electoral, no tendría nada que ver con los supuestos previstos necesariamente de los incisos d), adelante, perdón, de los incisos d), e), f) y g) del artículo 94 de la Ley de Partidos.

¿Qué quiero decir en concreto? Esos incisos no están necesariamente vinculados con el proceso electoral y su conclusión. Puede surgir o actualizarse un supuesto de pérdida de registro de partido político, por ejemplo, como consecuencia de una sanción o una fusión, etcétera, que no está estrictamente vinculado con el proceso electoral.

Luego entonces, en una interpretación sistemática y funcional de la ley, aquí es la remisión genérica a la Ley de Partidos, nos vamos al artículo 94, vemos que hay distintos supuestos, pero obliga o faculta a la Junta General Ejecutiva a presentar a consideración del Consejo el proyecto de dictamen de pérdida de registro.

Luego entonces, toda vez que de los incisos a) al c) del artículo 94 se prevé la declaratoria de pérdida de registro a cargo de la Junta General Ejecutiva, esto también vinculado con el artículo 95 y a la luz del 48, y entiendo que así están los proyectos y por eso yo estaré a favor, votaré a favor de estos, y tomando en cuenta también las atribuciones del máximo órgano de dirección del Consejo General y como bien lo dice el Magistrado Carrasco, la declaratoria de pérdida de registro tendrá que ir precedida necesariamente de dos cuestiones: una, la conclusión de los cómputos y declaración de validez de las elecciones correspondientes, y dos, si estamos ante la presunta pérdida, el Consejo General como órgano máximo de dirección tendrá que hacer un proyecto de resolución y aprobarlo en el seno del Consejo General, previo a la declaratoria que haga la Junta General Ejecutiva.

Podrá la Junta, deberá, yo así lo entiendo, la Junta preparar el dictamen e inclusive el proyecto de resolución ante el Consejo General, Consejo General hará o resolverá si ha lugar a la pérdida del registro y la junta emitirá la declaratoria correspondiente y ordenará la publicación en el Diario Oficial.

Tiene razón el Magistrado Galván, que hay que hacer una interpretación sistemática y funcional, por supuesto, pero lo cierto es que tenemos distintos supuestos de pérdida de registro, distintas autoridades para los distintos supuestos de pérdida de registro y una regla general que reconoce o faculta a la Junta General Ejecutiva para someter o presentar a consideración del Consejo un dictamen de pérdida de registro remitiendo a la Ley de Partidos sin establecer a cuáles de los incisos se refiere, pero sí vincula al proceso electoral los otros supuestos de pérdida de registro no necesariamente están vinculados al proceso electoral y la interpretación que a mí me convence, es la que se plantea o propone en los proyectos en el sentido de que sea el Consejo General quien resuelva previo a la declaratoria.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: A usted, Magistrada Alanis.

Magistrado ponente.

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: Muy amable. Ambos somos ponentes, Señor Presidente.

Solamente para agregar, creo que se ha expuesto, desde mi punto de vista, de manera clara el por qué consideramos que, en este caso, es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien debe emitir la resolución correspondiente, porque hay fundamento legal y porque si bien, en principio, pudiera pensarse que se está en el supuesto que establece el artículo 35, párrafo primero en relación con el inciso c) del párrafo primero, el artículo 94 de la Ley de Partidos Políticos, el problema aquí es que no se trata de una resolución en donde se establezca que un partido político no alcanzó el 3% en condiciones normales o en ordinarias una vez concluida el proceso electoral.

Aquí existe un conflicto. El conflicto es si debe tomarse en consideración el resultado en una elección extraordinaria de un Diputado. ¿Por qué? Porque solamente se ha aprobado la elección de 299 para efectos de emitir la resolución correspondiente a la pérdida del registro o no, tomando en consideración que hay un conflicto, precisamente para ello, simple y sencillamente, si leemos el artículo 95 que establece en su párrafo primero. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva emitirá la declaratoria correspondiente, y nos vamos precisamente a lo que establece el artículo 94, párrafo uno, inciso c), donde se dice: “Son causas de pérdida de registro de un partido político no obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente. Simple y sencillamente advertimos que aquí se está estableciendo una causa de pérdida de registro en condiciones ordinarias, normales, de los 300, en tratándose de la elección de diputados federales, tomando en consideración los 300 distritos donde no haya conflicto.

Si hay conflicto, como en el caso, donde solamente sea computada la elección de 299 distritos, y uno se envió para elecciones extraordinarias, simplemente hay que tomar en consideración esto, que el artículo precisamente 94 de la Ley de Partidos Políticos, se refiere a la pérdida de registro cuando no se llegue, cuando no se obtenga el 3 por ciento de la votación ordinaria.

Esa parte importante de la interpretación, considero que le corresponde al Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.

¿Y esto por qué? Porque además de que no se trata de una declaración, pues, de carácter ordinario, tomado en consideración los 300 distritos, simple y sencillamente, como bien mencionaba la Magistrada Alanis, en el caso debe tomarse en consideración que el artículo 48 de la propia ley, se establece precisamente que es obligación de la Junta Ejecutiva reunirse por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes: “Presentar a consideración del Consejo General el Proyecto de Dictamen de Pérdida de Registro del Partido Político que se encuentre en la Ley General de Partidos Políticos a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluya el proceso electoral”.

Esto precisamente nos da o nos aclara que a la Junta fundamentalmente o más cuando existe conflicto le corresponde formular un proyecto de resolución que debe de someter al Consejo General, para el efecto de que sea ésta quien resuelva.  ¿En términos de qué? De lo que establece el artículo 44, inciso m) de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en relación con el 48, inciso i) de la propia ley como antes mencioné.

Precisamente, ante el conflicto existente no puede quedarse pues en una resolución meramente de una autoridad ejecutora de las decisiones, en muchos casos ejecutoras de las decisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, siendo este quien tiene la facultad originaria de aprobar el registro de los partidos políticos.

Gracias, Magistrado Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: A usted, Magistrado Penagos.

Magistrado Salvador Nava.

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Coincido con lo dicho, Presidente, con los proyectos.

Ya se ha dicho todo lo que quería mencionar un servidor.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable. Gracias, Magistrado Flavio Galván.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Gracias, Presidente.

El artículo 1° de la Ley General de Partidos Políticos, establece que la presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de, entre otras, el inciso i), el régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos.

Pero además el artículo 44, párrafo uno, inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General tiene las siguientes atribuciones: m) Resolver en los términos de esta ley el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo, en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaración correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto adicional a los ya invocados artículos 48, 94 y 95.

Con toda precisión señala el legislador en este artículo 94 que corresponde al Consejo General, emitir la declaración correspondiente en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, y los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos está expresamente señalado en el párrafo dos del artículo 95, en qué casos o en qué supuestos corresponde al Consejo General y en qué casos o en qué supuestos corresponde a la Junta General Ejecutiva, sin que tengamos en esta distribución de competencias entre Consejo General y Junta General Ejecutiva la posibilidad de valoración de si se trata de circunstancias ordinarias o extraordinarias o de temas que no tomó en consideración el legislador, si podemos nosotros o no modificar este ámbito de competencia.

En mi concepto, está perfectamente clara la distribución de competencias entre Junta General Ejecutiva y Consejo General para el mismo efecto. Declaración de pérdida de registro en unos supuestos para un órgano y en otros supuestos para el otro órgano, y así ha estado además, a partir de la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, en donde se ha distribuido esta facultad declarativa de pérdida de registro, en algunos casos para el órgano supremo de dirección y en otros casos para el órgano superior de ejecución o administración.

De ahí que, siguiendo esa tradición, probablemente injustificada o injustificable, pero así ha estado y así está, en unos supuestos corresponde al Consejo General y en otros a la Junta General Ejecutiva hacer esta declaración de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales.

Sólo en vía de ejemplo citaré el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 66 y 67 de esta legislación, que trae los antecedentes.

Artículo 67 en su texto original desde 1990, párrafo 1: Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Federal Electoral debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación, 1990 con sus reformas a lo largo de su historia y reiterado en el Código Federal de 2008.

Y en el párrafo 2 del artículo 67: En los casos a que se refiere en los incisos d) al h) del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de un partido político se publicará en el Diario Oficial de la Federación, etcétera. No podrá resolverse y todo lo demás.

Así que esta división de facultades ha estado desde su origen, se mantiene en la actualidad, ¿y la justificación cuál es? No pensé que fuera necesario investigar la expulsión de motivos si hay una explicación será una tarea que me autoimponga para después de esta sesión, pero quedo plenamente convencido de que hay una distribución de facultades declarativas de pérdida de registro de partidos políticos nacionales en unos supuestos y en otros.

¿Cuál es la causa que la justifica? No la sé, confieso que no la conozco, pero el texto de la norma así ha estado desde el origen del Instituto Federal Electoral y sus órganos supremos, Consejo General y Junta General Ejecutiva, reiterada en la reforma de 2014 y en la nueva legislación electoral de 2014, ahora como facultades del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: A usted, Magistrado Galván.

Le pedí a oportunidad al Magistrado Nava, que me había pedido el uso de la palabra, para una precisión sobre lo que tuve la oportunidad de exponer en la lógica de lo que había, perdón, estoy hablando conmigo mismo, Magistrada Alanis.

Qué amable.

Es que creo que el Magistrado Galván, con su inteligencia, siempre nos pone debates muy interesantes, va a dedicar hoy por la tarde, lo cual es encomiable, qué motiva al legislador a la distribución competencia, acepto que es así el debate entre la Junta General Ejecutiva y el Consejo General para la declaratoria de pérdida de registro de un partido político, en cuanto no acepta la tesis, y esto es así, una de las tesis que sostiene en el proyecto, que la ha explicado puntualmente la Magistrada Alanis, de la interpretación del artículo 48 de la Ley General, en cuanto determina que la Junta General Ejecutiva entregará al Instituto, el artículo 44, perdón, es que ahí empieza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y luego el artículo 48 de la propia ley, interpretados de manera sistemática, en cuanto determina que el Consejo General tiene entre sus atribuciones resolver el otorgamiento del registro de los partidos, así como emitir la declaratoria sobre la pérdida del propio registro, y el 48, que determina que la Junta General Ejecutiva deberá presentar a consideración del Consejo General, el proyecto de dictamen de pérdida de registro del partido político que se encuentra en la Ley General de Partidos Políticos.

Entiendo que el Magistrado Galván nos dice: vamos a la Ley General de Partidos Políticos con esta remisión y encontramos que en la propia Ley General de Partidos están divididas las competencias, del a) al c) y del d) en adelante.

Entonces dice: “No, pues es que no encuentro por qué el 48 deba interpretarse como una disposición general”.

Sí. Por favor, no, por favor…

Magistrado Flavio Galván Rivera: Porque digo que no he visto cuál es la motivación del legislador. ¿Por qué en unos supuestos a un órgano y en otros supuestos a otro órgano?

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: No, creo que estamos en la misma lógica entonces, porque uno de los asideros del Proyecto es que siempre o puede interpretarse como que siempre es deber de la Junta General Ejecutiva poner a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de la pérdida de registro.

Y usted nos dice: No, en el propio 48 hay la remisión a la Ley General de Partidos.

Y entonces vayamos a la ley y ahí encontramos la distribución de competencias en los dos órganos.

¿Verdad que sí? Creo que sí tenía la razón en eso. Así lo interpreto.

Marginando ese debate, que me  parece muy importante por lo que dice, yo quisiera ir al legislador racional, como una respuesta a estas interrogantes, a estas dudas.

Porque insisto, e insisto conforme al proyecto, que creo que las causas por las que corresponde a la Junta General Ejecutiva la Declaratoria de Pérdida de Registro de un Partido Político, se dan en la pérdida de registro ordinario, si me permite ponerlo en esa lógica.

Es decir, son cuando ahí están, son muy elocuentes en la propia Ley General de Partidos.

Corresponde a la Junta General Ejecutiva, cuando: a) El partido político no haya participado en un proceso electoral ordinario.

Decía yo con toda puntualidad: ¿Qué exigencia requiere conocer o la demostración de que un partido político no participó en un proceso electoral ordinario?

Pues sólo revisar los documentos atinentes a si participó o no.

Y el inciso b): No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3  por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Regreso a lo mismo, pues sólo tendrá que verificar si obtuvo ese umbral en las elecciones pasadas. Y por eso le da esa tarea a la Junta General Ejecutiva.

Y por último: “No obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En la perspectiva en que observo esta disposición, es que es en una tarea ordinaria donde no está en cuestionamiento, donde no está a debate en la perspectiva de la declaratoria que concediendo que correspondiera a la Junta General Ejecutiva, si un partido político obtuvo el umbral del 3 por ciento a partir de la definición de votación válida emitida y a partir de los elementos con que hoy se impugna desde las instancias del Instituto Nacional Electoral, la forma en que se hizo el cómputo para la obtención de ese 3%.

Y en esa perspectiva, privilegiando –creo- una interpretación del legislador racional, creo que podemos llegar a la conclusión que tarea del Consejo General del Instituto Nacional Electoral definir a través de, precisamente, la naturaleza de órgano rector que tiene, el umbral del 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales pasadas para determinar si corresponde o no al partido político la pérdida del registro como institución política del Estado mexicano.

Eso tiene otras implicaciones. La principal implicación que tiene es, y lo digo respetuosamente, no me voy a pronunciar sobre esos aspectos, de ninguna forma, pero la primera implicación que tiene es que la pérdida de registro de un partido político involucra el derecho humano a la asociación política, que tiene sede constitucional y, por lo tanto, cómo se vislumbra la obtención del 3% y cuál es el concepto en esa lógica de votación válida emitida, creo que merecen una repuesta del órgano rector del Instituto Nacional Electoral y no de las facultades de la Junta General Ejecutiva, que muy bien nos la expresó la Magistrada María del Carmen Alanis.

Y esta es la definición que creo que necesita, desde la instancia que tiene la competencia originaria para la declaración de pérdida de registro de un partido político, y esta es a la que nos estamos sumando en el proyecto. Gracias.

Me ha pedido la palabra el Magistrado Nava, Magistrada Alanis.

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: Dos segundos, Presidente, y conforme ha avanzado este debate yo me convenzo cada vez más que cualquier supuesto, cualquiera de pérdida de registro de un partido político es de tal relevancia que ante esta necesidad de hacer una interpretación de todo orden, yo no tengo la menor duda que debe de haber un pronunciamiento del consejo general, por sanción, por no alcanzar el umbral, etcétera, si bien el legislador hace un esfuerzo de sistematizar, en fin, pero a la luz de lo que significa la pérdida del registro del partido político, me estoy saliendo un poco de la litis, Presidente, pero me parece que es relevante. Debería pronunciarse el Consejo General previamente a la declaratoria, no está así, declaró en la ley, pero sumando a lo que usted destaca.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable.

Ahora sí, Magistrado Nava.

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Para decirlo en una nuez, Presidente.

Creo que tiene razón el Magistrado Galván respecto de la interpretación que hace el sistema normativo atinente para esta situación, pero creo con respeto o bueno mi punto de vista es que no se trata sólo del sistema de fuentes y que no es una situación ordinaria que amerita que el consejo general se pronuncie al respecto sobre un dilema interpretativo que hay que resolver amén de lo que dijo la Señora Magistrada Alanis que también coincidiría, aunque como ella bien dice no es la litis, pero la dimensión de una pérdida de registro bien valdría un pronunciamiento del máximo órgano administrativo electoral. Y por ello es que este Tribunal Constitucional a falta de norma respecto de este conflicto interpretativo es que está sugiriendo que sea o está ordenando que sea el Consejo General quien se pronuncie.

Sería cuanto.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, Magistrado Nava.

Por favor, Magistrado Flavio Galván.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Gracias, Presidente.

Considero que no podríamos hablar de competencia originaria, porque si vamos a hablar de competencia originaria, desde su origen, estos dos órganos del Instituto Electoral tienen o han tenido esta competencia diferenciada, de tal manera que la Junta General tiene facultad o competencia originaria en unos supuestos y el Consejo General tiene competencia originaria en otros supuestos.

De aceptar que, en todo caso, el Consejo General deba emitir una declaración o una motivación y fundamentación para la pérdida del registro, me parece interesante, pero como dijo la Magistrada Alanis, esto estaría fuera de litis, sería un aspecto, en mi opinión, con respecto a lo manifestado por la Magistrada, sería un aspecto de lege ferenda y que, además, la conclusión que se propone en el proyecto, lleva a la inaplicación de la norma, en específico del artículo 95, párrafo dos y párrafo uno, en la parte correspondiente, y en las partes atinentes de los artículos 44 y 48, para considerar que no puede la Junta General Ejecutiva hacer declaración de pérdida de registro si previamente no hay un acto del Consejo General que haga esta otra declaración previa no prevista en la legislación.

Como una argumentación importante me parece buena, pero es dejar de aplicar el texto del artículo 94 y 95 en la distribución de competencias.

Gracias, Presidente.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias.

Si no hay más intervenciones, por favor, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: A favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Flavio Galván Rivera.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Dado el sentido de las participaciones, en contra y presentaré voto particular en su oportunidad.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho:

Muchísimas gracias, Magistrado Galván Rivera.

Magistrado Salvador Nava Gomar.

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Con los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: A favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: De igual forma.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta se aprueban por mayoría de votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera.

Magistrado Flavio Galván Rivera: Muy amables.

En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 1710, 1711, 1720 al 1769, 1773, 1778 al 1826 y 1843 a 1845, así como en los recursos de apelación 650, 652, 681, 682 a 693 cuya acumulación se decreta en los diversos recursos de apelación 654 a 646, 680, 704, 711 en el juicio de revisión constitucional electoral 703 y en los diversos para la protección de los derechos político-electorales 1715, 1716, 1717, 1770 y 1827 al 1830 que igualmente se decreta acumular, todos de este año en cada caso se resuelve:

Se sobresee en los medios de impugnación precisados en cada ejecutoria por las razones que se exponen en las mismas.

Se revocan las resoluciones emitidas por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el 3 de septiembre del año en curso, para los efectos precisados en los respectivos fallos.

Señor Secretario Enrique Martell Chávez, si es tan amable de dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de la Sala Superior la Magistrada Alanis Figueroa.

Secretario de Estudio y Cuenta Enrique Martel Chávez: Con su autorización Magistrado Presidente, Señora Magistrada, Señores Magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia el recurso de apelación 593 de este año, en el cual el Partido Morena impugna la resolución y dictamen respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Baja California Sur.

En el proyecto de cuenta, se propone confirmar los actos impugnados al desestimarse las alegaciones expuestas en vía de agravios.

Ante el cuestionamiento de la inconsistencia del Sistema Integral de Fiscalización, esta Sala Superior ya se pronunció sosteniendo su consistencia al resolver el recurso de apelación 277 de este año y a ningún efecto práctico conduce reiterar las consideraciones respectivas.

Asimismo, impugna conclusiones por irregularidades que no están contenidas en la resolución impugnada y respecto a la conclusión numerada como 18, señala haber sido sancionado por una cantidad y concepto, en tanto que la resolución impugnada alude a diversa cantidad y concepto, por lo que ante tal imprecisión y contradicción no resulta posible realizar un estudio concreto al respecto.

Finalmente, respecto a las diversas conclusiones 6, 7 y 19, aduce de forma genérica la falta de fundamentación por el hecho de no haber tenido un correcto funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización, alegaciones que se estiman porque no señala en forma concreta de qué forma le afectó el supuesto indebido funcionamiento del sistema y la forma y circunstancias en que pretendió dar cumplimiento en forma oportuna y eficaz a su obligación de informar a la autoridad fiscalizadora.

Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 675 de 2015, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática contra el acuerdo 824 de 2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Tlaxcala y sus respectivas cabeceras distritales.

En el proyecto, se propone estimar que el actor no demostró que la modificación al artículo 34 de la Constitución Local que redujo el número de distritos electorales uninominales locales de 19 a 15, publicada el 21 de julio de 2015 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, hubiera afectado en forma sustancial las actividades para determinar la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales.

Por tanto, la Ponencia propone considera que no se efectuó el principio de certeza y, por ende, declarar infundado el agravio en el que solicita la inaplicación del artículo 2º transitorio del decreto número 118, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Tlaxcala; por tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado.

Es la cuenta, Magistrado Presidente, Señora Magistrada, Señores Magistrados.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, Martell.

Magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta.

Si no hay intervenciones tome la votación, Secretaria.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: Son mis proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Gracias, Magistrada.

Magistrado Flavio Galván Rivera.

Magistrado Flavio Galván Rivera: A favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Salvador Nava Gomar.

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: De acuerdo.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: A favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: También a favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Claudia Valle Aguilasocho: Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta se han aprobado por unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amables.

En consecuencia, en los recursos de apelación 593 y 675, ambos de este año, en cada caso se resuelve:

Único.- Se confirman las determinaciones impugnadas en los términos precisados en las respectivas ejecutorias.

Señor Secretario Alejandro Ponce de León Prieto, dé cuenta por favor con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno, el Magistrado Galván Rivera.

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