Playa del Carmen, Solidaridad — Jacinto Aguilar Silvarán, conocido como “Chinto”, es una figura prominente en el sector del transporte en Playa del Carmen, cuyas acciones y estrategias empresariales han transformado el panorama del transporte público en la región. A través de maniobras estratégicas y relaciones con las autoridades municipales, Aguilar ha consolidado un control casi monopolístico sobre el servicio de transporte urbano en Solidaridad, generando controversia y debate sobre las prácticas en el sector.
Documentos del Registro Público de Comercio evidencian cómo, en octubre de 2009, Aguilar se adueñó de la empresa Transportes Unidos del Carmen (Tucsa) S.A. de C.V., valorada en 100 millones de pesos, sin poseer una concesión formal para operar. Esta operación se llevó a cabo bajo condiciones que muchos consideran ventajosas, beneficiando directamente a Aguilar y colocando a Tucsa en una posición de predominio en el mercado de transporte público de Playa del Carmen.
El ascenso de Aguilar no se detuvo ahí. Su influencia y poder económico le han permitido establecer acuerdos con las autoridades municipales, garantizando la operación de Tucsa en una ciudad que se ha vuelto un enclave turístico crucial en México. A pesar de las críticas sobre la calidad del servicio y la capacitación de su personal, Tucsa continúa siendo un actor dominante en el transporte público de Playa del Carmen, operando “sin concesión” pero con la tolerancia de las autoridades municipales actuales.
La ambición de Aguilar por expandir su imperio ha generado conflictos legales y disputas con el Ayuntamiento, especialmente en el intento de obtener concesiones formales que solidifiquen su posición ante la posible competencia. Este esfuerzo por asegurar una concesión destaca la compleja relación entre los negocios privados y la gestión pública del transporte, evidenciando un escenario donde las líneas entre lo legal y lo tolerado se entremezclan.
Mientras tanto, la administración de Lili Campos Miranda, actualmente al frente del municipio de Solidaridad, enfrenta preguntas sobre la regulación del transporte público y la convivencia con operadores como Tucsa. Los documentos de Transparencia y declaraciones oficiales resaltan la paradoja de una empresa que opera en un limbo legal, pero es esencial para la movilidad en una de las áreas más dinámicas de Quintana Roo.
La carrera de Aguilar por la Secretaría General del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, con el objetivo de unificar bajo su mando tanto el sindicato como la operación de transporte urbano, marca un momento crucial para el futuro del transporte en Playa del Carmen. Con casi 5 mil socios y una flota significativa, el resultado de estas ambiciones podría redefinir no solo la estructura del transporte local, sino también las dinámicas de poder, regulación, y servicio en una ciudad clave para el turismo mexicano.
Este panorama plantea interrogantes fundamentales sobre la gestión del transporte público, la competencia, y la regulación gubernamental, en un momento en que Playa del Carmen continúa expandiéndose como destino turístico y como comunidad.
