Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Lo que durante años se planteó como la transformación del manejo de residuos de Chetumal en un sistema moderno y ambientalmente seguro terminó convertido en uno de los problemas ecológicos, financieros y jurídicos más persistentes de Othón P. Blanco.
Más de dos décadas de proyectos, concesiones, litigios, resoluciones ambientales, propuestas de reubicación y anuncios de nuevas tecnologías no han conseguido resolver el destino de las 350 a 400 toneladas de residuos que, de acuerdo con la información recabada, llegan diariamente al sitio de disposición final ubicado en las inmediaciones de Calderitas.
El resultado es un problema que se retroalimenta: el tiradero necesita cerrarse y remediarse, pero Chetumal requiere diariamente un lugar donde depositar cientos de toneladas de basura.
Una concesión que terminó en tribunales
Uno de los capítulos centrales del problema se remonta a la administración municipal de Andrés Ruiz Morcillo, cuando el Ayuntamiento otorgó una concesión por 30 años a Intrasiso S.A. de C.V.
El proyecto planteaba transformar el modelo de disposición de residuos mediante infraestructura para separación, manejo adecuado de los desechos y celdas que cumplieran con las disposiciones ambientales, además del aprovechamiento de los residuos.
Pero las obras e inversiones previstas no se concretaron en los términos esperados y las administraciones posteriores emprendieron acciones para terminar la relación contractual.
La controversia llegó entonces a los tribunales.
La empresa promovió recursos y procedimientos legales frente a las decisiones municipales, generando un conflicto que durante años complicó cualquier intento del Ayuntamiento por modificar integralmente el modelo de disposición final.
Mientras abogados, autoridades y tribunales discutían el futuro de la concesión, la basura nunca dejó de llegar.
Un problema debajo de la tierra
La preocupación no se limita a lo que puede observarse en la superficie.
El subsuelo de Quintana Roo es altamente permeable y el manejo inadecuado de los lixiviados representa un riesgo ambiental que obliga a mantener especial vigilancia sobre los sitios de disposición final.
La falta de infraestructura suficiente para contenerlos, así como la saturación de las áreas destinadas a recibir residuos, ha formado parte de los señalamientos realizados durante años alrededor del basurero.
A ello se agregan incendios, acumulación de residuos, presencia de fauna nociva y emisiones generadas por la descomposición de materia orgánica.
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece especificaciones para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
El problema de Othón P. Blanco es que llevar el actual sitio a condiciones compatibles con un manejo integral requiere inversiones considerables, mientras que construir otro implica resolver primero dónde colocarlo.
Calderitas llevó el conflicto a los tribunales
La expansión del área utilizada para depositar residuos también provocó inconformidad entre ejidatarios de Calderitas.
Con el crecimiento del tiradero surgieron denuncias por afectaciones a terrenos y caminos utilizados para acceder a parcelas y ranchos, llevando otra parte del conflicto a instancias judiciales.
Así, el Ayuntamiento quedó atrapado entre obligaciones difíciles de conciliar: atender resoluciones y exigencias ambientales relacionadas con el cierre y remediación del sitio y, al mismo tiempo, garantizar la recolección y disposición de la basura producida diariamente por Chetumal.
Cerrar de un día para otro sin contar con un sitio alternativo trasladaría el problema ambiental a una emergencia sanitaria.
El nuevo basurero que nunca llega
Durante diferentes administraciones municipales se han estudiado terrenos para construir un nuevo sitio de disposición final.
Algunas alternativas se localizaron en zonas rurales y otras en el corredor entre Chetumal y Bacalar.
Pero una y otra vez aparecieron los mismos obstáculos: precio de los terrenos, costo de construcción, restricciones ambientales, oposición de comunidades y falta de recursos municipales.
Incluso se analizó la posibilidad de desarrollar infraestructura compartida entre Othón P. Blanco y Bacalar, aprovechando la cercanía de ambos municipios y buscando distribuir los costos.
La propuesta tampoco consiguió materializarse.
Empresas ofrecen convertir basura en energía
Otro capítulo recurrente ha sido la llegada de empresas que ofrecen tecnologías para transformar residuos en energía, combustibles o materiales aprovechables.
En el papel, estos proyectos permitirían reducir considerablemente el volumen enviado a disposición final.
El obstáculo aparece al revisar las condiciones financieras.
Algunas propuestas requieren inversiones elevadas y contratos multianuales que comprometerían recursos municipales durante administraciones futuras, lo que obliga a contar con autorizaciones adicionales y demostrar la viabilidad financiera de los proyectos.
Así, varias alternativas tecnológicas han terminado igual que las propuestas de nuevos terrenos: en estudios, presentaciones y expedientes, pero no en una solución definitiva.
El costo de seguir esperando
El problema adquiere una dimensión mayor porque cada año que transcurre aumenta el volumen acumulado de residuos y también el costo eventual de su saneamiento.
No basta con encontrar un nuevo terreno.
El actual sitio deberá entrar en algún momento en un proceso de clausura y remediación ambiental, que implica estabilizar residuos, controlar lixiviados y gases, cubrir áreas utilizadas y mantener monitoreo posterior.
Es decir, Othón P. Blanco enfrenta potencialmente dos gastos simultáneos: construir la infraestructura que sustituya al tiradero y pagar la recuperación ambiental del sitio que deje de utilizarse.
Dos décadas y la misma pregunta
Administraciones municipales han cambiado. También presidentes municipales, integrantes del Cabildo, funcionarios ambientales, proyectos y empresas interesadas.
El problema permanece.
Chetumal continúa generando cientos de toneladas de residuos diariamente y el municipio sigue dependiendo de un sitio cuestionado ambientalmente y envuelto durante años en conflictos administrativos y judiciales.
El basurero de Othón P. Blanco dejó así de ser únicamente un problema de recolección de basura. Es también un problema ambiental, presupuestal, territorial y de planeación pública acumulado durante varias administraciones.
Después de más de dos décadas, la pregunta ya no es únicamente dónde colocar la basura de mañana.
La pregunta es cuánto terminará pagando Othón P. Blanco por todo lo que durante años no resolvió.
