Productores enfrentan un doble problema: señalan que la semilla de maíz distribuida produjo grano de mala calidad, mientras que el buen rendimiento del frijol habría saturado el mercado y provocado una caída en los precios. La situación pone bajo cuestionamiento la planeación de los apoyos al campo.
Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Lo que debía convertirse en un respaldo para mejorar la producción y los ingresos de las familias campesinas terminó, de acuerdo con testimonios de productores, en un escenario adverso: maíz que difícilmente puede comercializarse y frijol que, pese a una buena cosecha, enfrenta precios deprimidos por la abundancia del producto.
Los señalamientos colocan bajo cuestionamiento la política de entrega de semillas y, particularmente, la capacidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) para acompañar los apoyos con una estrategia que contemple no solamente cuánto se produce, sino la calidad de lo cosechado y, finalmente, quién lo comprará y a qué precio.
El primer problema se encuentra en la denominada “biosemilla” de maíz distribuida entre productores.
Campesinos aseguran que sembraron el insumo confiando en que tendría características adecuadas para obtener una cosecha comercialmente viable. El resultado, sostienen, fue muy distinto.
De acuerdo con los testimonios recabados, el grano obtenido presenta características que dificultan su comercialización y algunos productores aseguran que su calidad es tan deficiente que han descartado incluso destinarlo a la alimentación de sus animales.
De comprobarse estos señalamientos, el daño no estaría limitado al valor de la semilla.
Cada hectárea sembrada representa preparación del terreno, jornadas de trabajo, combustible, insumos, cuidado del cultivo y tiempo que finalmente tendría que recuperarse con la venta de la cosecha.
Si el producto no puede comercializarse, el apoyo gubernamental termina convirtiéndose en una pérdida para quien lo recibió.
Frijol: buena cosecha, mal negocio
El caso del frijol presenta la situación contraria.
Los productores reconocen que la semilla entregada tuvo buen comportamiento y permitió obtener rendimientos favorables. Sin embargo, el éxito productivo habría generado un segundo problema: una mayor disponibilidad del grano sin que existiera, paralelamente, una estrategia suficiente para colocarlo en el mercado.
El resultado señalado por los campesinos es una disminución del precio.
Así aparece una de las contradicciones más preocupantes de cualquier política agropecuaria: producir más no necesariamente significa ganar más.
Cuando varios productores cosechan simultáneamente y no existen compradores suficientes, centros de acopio, mecanismos de almacenamiento o canales alternativos de comercialización, la abundancia puede terminar favoreciendo a intermediarios y presionando a la baja el precio pagado al campesino.
¿De qué sirve regalar semillas si no hay dónde vender?
La situación obliga a revisar el modelo bajo el cual se diseñan los apoyos.
Una política agrícola no termina cuando se entrega una bolsa de semillas.
Antes de distribuirlas tendría que existir certeza sobre su calidad y adaptación a las condiciones productivas de Quintana Roo. Después tendría que existir acompañamiento técnico y, finalmente, una estrategia para que las cosechas encuentren mercado en condiciones que permitan recuperar la inversión del productor.
Es precisamente ahí donde los casos del maíz y el frijol exhiben, según los afectados, las dos caras de un mismo problema.
Con el maíz habría fallado el producto; con el frijol, habría fallado el mercado.
Y en ambos casos quien absorbe las consecuencias económicas es el campesino.
Sedarpe, bajo cuestionamiento
Los señalamientos alcanzan directamente a la Sedarpe y a su titular, Jorge Aguilar Osorio, debido a que corresponde a la dependencia explicar las características de las semillas distribuidas, los mecanismos utilizados para verificar su calidad y los programas contemplados para la comercialización de las cosechas.
También queda pendiente determinar cuántos productores recibieron la denominada biosemilla, qué cantidad fue adquirida y distribuida, quién fue el proveedor, cuánto costó al erario y cuáles fueron los resultados productivos obtenidos.
En el caso del frijol, resulta necesario conocer qué previsiones existían respecto del volumen esperado de producción y qué alternativas de comercialización fueron preparadas antes de incentivar la siembra.
Sin estas respuestas, el riesgo es convertir una política destinada a fortalecer el campo en una simple estadística de toneladas de semillas entregadas, sin medir qué ocurrió después con quienes las sembraron.
Para los productores, el balance se mide de una manera mucho más sencilla: cuánto invirtieron, cuánto cosecharon y cuánto dinero quedó finalmente en sus bolsillos.
Porque entregar semillas puede llenar un informe gubernamental; lograr que el campesino produzca, venda y gane es lo que determina si una política para el campo realmente funcionó.
