Robos, lesiones y delitos contra la salud figuran entre las conductas por las que adolescentes ingresan al sistema de justicia; la falta de estadísticas estatales periódicas impide dimensionar con precisión el problema y conocer los niveles de reincidencia.
Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— La participación de adolescentes en actividades delictivas representa un desafío creciente para Quintana Roo, donde menores de edad llegan al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes relacionados con robos, lesiones, narcomenudeo y otros delitos, mientras persiste un problema adicional: la falta de información pública suficiente para conocer la verdadera dimensión del fenómeno.
Los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y los casos informados por la Fiscalía General del Estado permiten advertir la presencia de adolescentes involucrados en conductas delictivas.
Sin embargo, no existe información estatal periódica y suficientemente desagregada que permita responder preguntas fundamentales: ¿cuántos menores son detenidos cada año?, ¿en qué municipios?, ¿por cuáles delitos?, ¿cuántos reinciden y cuántos consiguen una reinserción efectiva?
Del robo al narcomenudeo
Las estadísticas nacionales ubican entre las conductas delictivas registradas entre adolescentes el robo, lesiones, narcomenudeo, abuso sexual, violencia familiar y daño en propiedad ajena, mientras delitos de mayor gravedad, como el homicidio, representan una proporción menor.
En Quintana Roo, comunicados emitidos por la Fiscalía estatal sobre detenciones y vinculaciones a proceso permiten observar casos en los que menores aparecen relacionados con diferentes conductas delictivas.
Especial preocupación genera su participación en narcomenudeo, debido al riesgo de que adolescentes sean incorporados a estructuras criminales para realizar actividades de distribución de drogas, vigilancia u otras tareas.
Pero nuevamente aparece el vacío estadístico: los datos disponibles no permiten establecer públicamente cuántos adolescentes han sido detenidos específicamente por narcomenudeo en cada municipio ni determinar con claridad si su participación está aumentando año con año.
45 adolescentes cumplían medidas en Chetumal
Uno de los indicadores disponibles señalado por SIPINNA Quintana Roo establece que, hasta junio de 2025, 45 adolescentes se encontraban cumpliendo medidas de sanción en el Centro de Ejecución de Medidas de Chetumal.
La cifra permite dimensionar parcialmente el problema, pero no representa por sí misma la totalidad de adolescentes que durante un año entran en contacto con el sistema de justicia, pues existen distintas medidas y etapas procesales.
Los propios diagnósticos institucionales reconocen además la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, protección de derechos y reinserción social.
¿Por qué los menores terminan delinquiendo?
Los factores asociados al fenómeno son múltiples.
Abandono escolar, entornos de violencia familiar, consumo de drogas, falta de oportunidades y presencia de grupos criminales constituyen condiciones de riesgo que pueden facilitar que adolescentes sean incorporados a actividades ilícitas.
Esto convierte el problema en algo que rebasa la actuación de policías y fiscales.
Cuando un adolescente llega ante un juez, diferentes mecanismos de prevención pudieron haber fallado previamente: familia, escuela, atención a las adicciones, oportunidades educativas, espacios comunitarios o intervención institucional.
Por ello, combatir la delincuencia juvenil únicamente mediante detenciones significa actuar cuando una parte importante del daño ya ocurrió.
Quintana Roo necesita saber qué pasa con sus jóvenes
El Gobierno del Estado desarrolla programas preventivos dirigidos a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, con la información pública señalada no es posible establecer con precisión cuántos jóvenes evitaron incorporarse a actividades delictivas como resultado directo de estas estrategias.
Tampoco se cuenta con indicadores públicos suficientemente detallados para comparar municipios, medir reincidencia o evaluar sistemáticamente los resultados de la reinserción.
Ese vacío constituye un problema de política pública.
Sin estadísticas no puede existir un diagnóstico completo; sin diagnóstico resulta mucho más difícil diseñar una estrategia efectiva.
Quintana Roo necesita conocer no solamente cuántos adolescentes llegan al sistema penal, sino por qué llegaron, dónde ocurre con mayor frecuencia, qué delitos están cometiendo, cuántos reinciden y qué sucede con ellos después de cumplir una medida.
Porque detrás de cada menor incorporado al narcomenudeo, al robo o a cualquier otra actividad criminal existe no solamente un asunto de seguridad pública, sino también una señal de alerta sobre las condiciones sociales en las que están creciendo las nuevas generaciones.
Mientras esa información permanezca fragmentada, el estado seguirá intentando combatir la delincuencia juvenil sin contar con una radiografía completa del problema que pretende resolver.
