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¡Ya pongan orden! Del ejido al cacicazgo (“los intocables”)

Editorial

Por José Luis Barrón

La semana pasada se registraron diversas manifestaciones de varios ejidos, como Alfredo V. Bonfil hasta Calderitas, con bloqueos carreteros incluidos, así como diversas diligencias ante las dependencias federales agrarias, entre éstos el de Juan Sarabia. Es mucho el rezago en materia de seguimiento de casos e impartición de justicia de cientos de conflictos que van desde fraudes, venta ilegal de terrenos, despojos, retención indebida de pagos, ecocidios, invasiones, etcétera, un total desorden.

Al grado de que algunos ejidos registran más de 200 casos en proceso legal y que han estado ahí por años ocasionando de esta manera la falta de certeza jurídica sobre la posesión de las tierras, tanto para los miembros de los núcleos agrarios en conflicto como de particulares e incluso dependencias gubernamentales, que se han dejado engañar como sucede actualmente con los terrenos del Estero de Chak, en donde además el Comisariado Ejidal de Juan Sarabia que encabeza Ernesto Haro Gutiérrez  perpetúa un ecocidio ante la pasiva “o cómplice” mirada de las autoridades ambientales.

Otro caso que reventó al inicio de la semana pasada fue la manifestación de alrededor de 50 ejidatarios de Alfredo V. Bonfil que se apersonaron ante la Delegación Procuraduría Agraria en la capital del Estado para exigir la Asamblea de Remoción del presidente del Comisariado, Luis Martínez Rocha, quien sistemáticamente se ha negado a rendir cuentas sobre la venta de alrededor de 40 hectáreas, sobre todo las que tiene que ver con las tierras vendidas al Aeropuerto, por la cuales se obtuvo un recurso de 58 millones de pesos, de los que que ningún ejidatario ha visto un solo quinto.

Otro conflicto que también se derivó de los turbios manejos de los comisariados ejidales fue el bloqueo de la carretera por parte de ejidatarios de Calderitas, que tienen el riesgo de perder su patrimonio por un adeudo que tiene la inmobiliaria con Hacienda; casos que crecieron por el burocratismo, la complicidad y la corrupción que ha imperado tanto en la Procuraduría como en el Tribunal (agrarios) durante años y que han permitido que la figura del ejido haya regresado a la época de los cacicazgos, situación que se espera termine de una vez por todas con los gobiernos “del cambio” y de la 4ª Transformación.

Por lo pronto, Raúl Heriberto Nova Acosta, actual delegado de Procuraduría Agraria en Quintana Roo ya realiza una limpia de cuestionables funcionarios como lo es Miguel Tlapa García, ex subdelegado operativo de dicha dependencia, quien de acuerdo a varios testimonios, fue cómplice de varios comisariados que requerían “asambleas a modo de sus intereses” y cuya recurrente sugerencia que les daba era la de “reventarlas” provocando violencia para justificar la ausencia de representantes de dicha dependencia en las mismas y de esta manera avalar a ciegas los acuerdos de estas ilegales “asambleas”.

* “LOS HARO”, CACICAZGO FAMILIAR

De acuerdo a diversas publicaciones, los Haro han convertido al Ejido Juan Sarabia en un auténtico cacicazgo familiar desde hace ya varias décadas y cuyo primer registro de sus fechorías es cuando Joaquín Haro (hermano del papá de Ernesto) fue el primer ejidatario encarcelado por cometer un fraude en la administración de la trituradora del núcleo agrario en la década de los 80.

El segundo de esta tristemente célebre dinastía fue Reyes Haro, padre de Ernesto, quien tampoco terminó su periodo por haber cometido administración fraudulenta y en una mini auditoría que realizó un despacho fiscal pagado por el Gobierno del Estado en los 90, se detectó el fraude de un millón 124 mil pesos que nunca pagó.

Posteriormente entra Lencho Haro, sin pena ni gloria pero no tan voraz como su hijo Martín Haro Zepeda, vinculado por administración fraudulenta y a pesar de múltiples demandas en su contra, en la última diligencia en el caso del indebido porcentaje cobrado a los ejidatarios para el pago de supuestos servicios de un abogado para el pago de la indemnización de la SCT, negó todo lo que se le imputa al magistrado.

Para perpetuar el cacicazgo de los “Los Haro”, como presidente del Comisariado Ejidal compró los votos para su primo Ernesto Haro y de esta manera en pago a este “favor” le ha cubierto las espaldas durante toda su “administración” que a pesar de ser el más ignorante de todos, su desmedida ambición lo ha orillado a realizar despojos y venta de terrenos, abusos en contra de los más desprotegidos hasta llegar a intentar matar a cuatro ejidatarios, por lo que (increíblemente) “purga” una sentencia de 3 años 9 meses en libertad condicional.

La impunidad de la que goza hasta el momento le ha permitido imponer grupos de choque cada que hay que asambleas e intimida con sus pistoleros a quienes no están de acuerdo con su nefasto proceder dentro y fuera de las asambleas y es tanta la soberbia y cinismo que para amedrentar a los ejidatarios para que desistan de presencia en las audiencias, entra con sus “matones” a las diligencias legales que se llevan a cabo en el Tribunal, tal y como se pudo observar el pasado 25 de septiembre en el Tribunal Unitario Agrario 44.

Y ahora pretenden continuar ese cacicazgo familiar en la figura de Marcos Ramírez Potenciano, lugarteniente y pistolero de Ernesto Haro Gutiérrez, y a quien se la he señalado como el brazo ejecutor de los ecocidios en los terrenos del Estero de Chac y de despojos de tierras pertenecientes a ejidatarios de la tercera edad.

Ambos han amenazado a periodistas que han ventilado las múltiples denuncias que hay en su contra, como asambleas a modo, bajo amenazas y padrón “inflado” para obtener el aval para perpetuar expulsiones de ejidatarios “disidentes”, cometer fraudes y despojar propiedades que legalmente ya no le pertenecen al Ejido como es la parcela escolar del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, de la primaria y secundaria de Xul Há y de la Unidad Agrícola Integral de Mujeres (UAIM) y de particulares que ya han titulado.

_ De acuerdo con algunas versiones el millonario recurso que supuestamente le pagaron a César López Pérez, fue para costear en ese entonces la campaña de Ernesto Haro, dinero que no tenía por qué ser pagado ya que finalmente fue la propia Procuraduría Agraria la que siguió y resolvió el caso de la SCT de manera gratuita.

Al menos 134 ejidatarios recuperarían un recurso económico que les fue arrebatado por los Haro…

* ¡FIN A IMPERIO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD!

Por José Luis Barrón

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo a las últimas diligencias correspondientes a la carpeta de investigación CI/BAC/02/09/434/12-2015, que tiene que ver con el cobro indebido del 10 por ciento realizado a los ejidatarios de Juan Sarabia para el pago de los servicios del licenciado César López Pérez, quien llevó el caso de la indemnización de 90 hectáreas de tierras expropiadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), todo parece indicar que 134 ejidatarios más recuperarán ese recurso.

Recurso que les fue arrebatado de manera ilegal cuando Martín Haro Zepeda fungía como presidente del Comisariado de este núcleo agrario y quien en el desarrollo del interrogatorio intentó sorprender al magistrado haciéndose la víctima al argumentar que todo era inventado: “Eran calumnias y guerra sucia por el poder”.

Alegaba cuando realmente la desesperación y ambición de su familia por no perder el poder llegó al grado de la tentativa de asesinato por parte de Ernesto Haro en contra de cuatro ejidatarios a quienes agredió con un hacha, una barreta y martillo y que absurdamente fue sentenciado a 3 años 9 meses, la cual “purga” en libertada condicional, asunto que tampoco se puso en la mesa de este caso, cuando es uno de los principales presuntos implicados en el caso.

Los ex miembros del Comisariado Ejidal de Juan Sarabia: Martín Haro Zepeda, ex presidente y Roberto Manzo Méndez, ex tesorero, han caído en múltiples contradicciones respecto al turbio manejo de los más de 60 millones 459 mil 440.40 pesos que la SCT indemnizó por sus tierras, puesto que en primera instancia se alega una ilegal imposición del licenciado que llevó el caso, César López Pérez, y quien cobrara el 10 por ciento de esos recursos sin autorización alguna de la Asamblea.

A declaración expresa del mismo ex tesorero Roberto Manzo Méndez plasmada en el acta correspondiente: “… empecé a pagar los cheques por la cantidad de 81 mil 17 pesos, sin embargo cuando se dio cuenta el C. Martín Haro Zepeda que yo estaba pagando dicha cantidad me dijo: ‘… RETENGAN EL DINERO PORQUE SI NO USTEDES LE VAN A PAGAR DE SU DINERO AL ABOGADO CÉSAR, ASÍ QUE RECOGE LOS CHEQUES QUE YA ENTREGASTE PARA QUITARLES EL PORCENTAJE DEL ABOGADO’ … e hice nuevos cheques por la cantidad de 72 mil 915.91 pesos…”

También precisa la declaración que en diciembre de 2015 en las instalaciones del Banco Banamex: “Martín Haro Zepeda me requirió la cantidad de un millón, 209 mil 188.80 pesos para pagarle su 10 por ciento al abogado César López Pérez” y que el mismo presidente del Comisariado le entregó al abogado y para marzo de 2016, abunda la declaración: Martín Haro Zepeda me ordenó, que … firmara un cheque a favor del C. César López Pérez por la cantidad 4 millones 836 mil 755.60 pesos”, con lo que se debió de cubrir el 10 por ciento de los servicios de este licenciado.

Sin embargo, en esta misma declaración, Roberto Manzo Méndez señaló que nunca estuvo de acuerdo en la retención de este 10 por ciento y que nunca firmó una acta de Asamblea en la que se haya propuesto el punto de la contratación de este abogado para llevar el caso y mucho menos que se haya autorizado alguna cantidad de pago por sus servicios, los que al fin de cuentas no concretó el supuesto abogado porque fueron los licenciados de la Procuraduría Agraria quienes finalmente resolvieron el pago de la indemnización si cobrar un solo peso.

Otro acto ilícito además de ese cobro indebido y de acuerdo a las propias declaraciones del ex tesorero, el mismo ex presidente del Comisariado, Martín Haro, quien le indicaba a quién sí y a quién no debieran de pagar esa indemnización, llegó al grado de quitarle totalmente el manejo financiero a Roberto Manzo, lo que también es una ilegalidad, común denominador que ha prevalecido durante varios años, ya que es un caso como muchos otros enturbiado por la impunidad y corrupción que imperaba en las instancias agrarias correspondientes.

Con un Tribunal Unitario Agrario 44 renovado, por fin se la ha dado celeridad a este caso que data desde el 2015 y que en una semana aproximadamente estaría tocando a su fin a favor de los ejidatarios y con muchas posibilidades de acciones penales en contra de los ex miembros de esa directiva y que el actual Comisariado que encabeza Ernesto Haro Gutiérrez, quien alardea de influyentismo gubernamental, tenga que pagar ese dinero que por ley le corresponde a los miembros de ese núcleo agrario y que cinco de ellos ya recuperaron.

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