Por Mario Castillo
Chetumal.-Al menos para este 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo se quedó ‘como novia de pueblo’ en el tema de la Reforma Laboral Constitucional de la cual emana el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, de lo cual esperaba obtener 90 millones de pesos para ‘aplicar’ en infraestructura de los Juzgados Orales Laborales.
Esto quedo establecido en el dictamen aprobado este día en la sala de Comisiones del Congreso Local -donde estuvo presente la titular se la Secretaría del Trabajo en la Entidad, Catalina Portillo Navarro- que establece que no será hasta la fecha fijada en la Reforma Laboral emanada del Congreso de la Unión, y posterior a la emisión de las Leyes Secundarias, cuando se deba homolagar por las entidades federativas.
Es decir hasta el 6 de noviembre de 2018, tentativamente, temporalidad que seguramente el Congreso de la Unión habrá de otorgar una prorroga hasta los primeros meses de 2019.
Por tanto, el Dictamen señala que subsiste el Tribunal de Conciliación de Arbitraje al igual que las Juntas Locales hasta que no se emanen las leyes secundarias y se obligue a la homologación de la ley en materia local, mientras que el TSJ no tendrá vela en este entierro; al menos no más allá que hacer el papel de patiño, al tiempo que ve pasar el año sin aterrizar un peso para que ‘timbre la cajita’.
Y es que si bien hasta el 25 de febrero tienen los estados como fecha límite para emitir un dictamen al respecto del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, eso no significa que deban destinar recursos de manera inmediata al Poder Judicial para lo que corresponde a infraestructura, que para el caso particular de Quintana Roo se hablaba de 90 millones de pesos a los que el magistrado Antonio León Ruiz ya miraba con buenos ojos.
Por tanto, el TSJ del Estado solamente estará sujeto a recibir capacitación y obligado a conformar un Órgano de Coordinación, a fin de trabajar al respecto con las instancias involucradas.
Cabe señalar que dicho Dictamen fue turnado al Pleno Legislativo para su aprobación, y posteriormente remitido a los Ayuntamientos para su regreso con más del 50 por ciento a favor, a fin del consentimiento general definitivo del XV Legislatura del Congreso del Estado.
