Por Victoria Castro Chávez
Chetumal.-La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un exhorto urgente a las autoridades educativas de todos los estados del país, incluyendo Quintana Roo, para auditar y revisar el funcionamiento de los planteles privados que operan bajo el modelo «militarizado», tras el fallecimiento de Dafne, una menor de 13 años, en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, solicitó la verificación inmediata de las licencias y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) concedidos a estas instituciones en las 32 entidades federativas.
La autoridad educativa federal enfatizó que el esquema de adiestramiento militarizado carece de fundamento legal en la educación básica civil dentro del marco legal mexicano ya que la instrucción castrense está reservada por ley a los planteles de la SEDENA, la Semar y la Guardia Nacional para la formación de sus propios elementos.
En el exhorto que incluye a Quintana Roo, la SEP citó que ninguna norma autoriza el uso de castigos corporales, novatadas o agresiones bajo el argumento de aplicar «disciplina», por lo que las escuelas privadas que emplean nombres o dinámicas de corte militar no poseen alianzas regulatorias ni institucionales con el Ejército o la Marina.
Es importante recordar que bajo promesas de impartir «disciplina, valores cívicos y liderazgo», instituciones privadas en Chetumal como el Instituto Wozniak promocionan un modelo de instrucción militarizada. Sin embargo, detrás del uso de uniformes de gala, jerarquías castrenses y marchas de orden cerrado, subyace una realidad administrativa: ninguna autoridad educativa ni militar reconoce formalmente una modalidad «militarizada» para colegios civiles en el estado.
De acuerdo con el Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (SIRVOES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los archivos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), los planteles privados que operan bajo este concepto solo cuentan con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para planes educativos civiles tradicionales (como Bachillerato General o Licenciaturas comunes).
También, tras el inicio de las indagatorias en Tamaulipas, las autoridades locales detectaron al menos otros cinco planteles que operaban bajo esquemas similares en la entidad, los cuales ya se encuentran en proceso de revisión administrativa.
La SEP respaldó las investigaciones penales emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, y reiteró que todos los centros educativos, públicos y privados, deben priorizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes.
