Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo. — Bajo promesas de impartir «disciplina, valores cívicos y liderazgo», instituciones privadas en Chetumal como el Instituto Wozniak promocionan un modelo de instrucción militarizada. Sin embargo, detrás del uso de uniformes de gala, jerarquías castrenses y marchas de orden cerrado, subyace una realidad administrativa: ninguna autoridad educativa ni militar reconoce formalmente una modalidad «militarizada» para colegios civiles en el estado.
De acuerdo con el Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (SIRVOES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los archivos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), los planteles privados que operan bajo este concepto solo cuentan con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para planes educativos civiles tradicionales (como Bachillerato General o Licenciaturas comunes).
La categoría de «educación militarizada» no existe en el catálogo de oferta curricular autorizada para particulares por la SEP/SEQ. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no otorga aval, convalidación de estudios ni supervisión operativa a este tipo de recintos privados. La disciplina de corte militar responde únicamente a reglamentos internos de conducta, por lo que los egresados obtienen certificados 100% civiles y no ostentan grado o respaldo castrense alguno.
El riesgo de que operen centros de instrucción bajo esquemas de rigor militar sin la debida supervisión de las Fuerzas Armadas ni de las autoridades educativas quedó en evidencia a nivel nacional.
El fallecimiento de Dafne Zapata, una menor de 13 años que perdió la vida durante un curso de verano en la «Academia Militarizada Marina Doenitz» en Ciudad Madero, Tamaulipas, encendió las alarmas sobre estos planteles. Tras el acontecimiento, la madre de la menor denunció que la niña fue sometida a severas agresiones físicas y castigos bajo el pretexto de «adiestramiento», mientras que la SEP emitió un pronunciamiento categórico señalando que la educación militarizada no está autorizada para particulares en el país.
Se advierten que este tipo de instituciones aprovechan resquicios legales mediante licencias comerciales al registrarse ante los ayuntamientos bajo giros de capacitación informal, asociaciones civiles o clubes deportivos, evitando la fiscalización de la autoridad educativa.
Además, aunque el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar exige permisos explícitos de la SEDENA para usar grados o instrucción militar, en la práctica las Fuerzas Armadas no supervisan internados o colegios privados.
El caso reaviva el debate sobre la necesidad de que la PROFECO, la SEP y las fiscalías estatales intervengan para regular o clausurar los centros que promocionan disciplinas de tipo militarizado sin contar con el marco legal ni la supervisión adecuada, protegiendo así la integridad de los estudiantes.
