Cancún.- La bandera política del actual gobierno estatal es su lucha contra la corrupción generada en la administración de Roberto Borge, actualmente detenido por actos en perjuicio del patrimonio estatal y desempeño irregular de la función pública, pero no se tienen informes de los avances del proceso, indica el presidente del Observatorio Legislativo Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra.
En un comunicado, la agrupación señala que, de acuerdo con una nota periodística de Eje Central, firmada por Julio Pilotzi, “José Antonio García Alcocer y Asociados SC, la firma de abogados que representa Santiago García Luque, tendrá acceso al 30% de los bienes que se logren recuperar del millonario desfalco cometido durante la gestión de Borge Angulo.
De acuerdo con la investigación, se trata de un “bono de éxito” al que el despacho tendría acceso desde 2018, cuando la administración de Carlos Joaquín le asignó, mediante procedimiento de adjudicación directa, el contrato SECOES-AD-923011964-N1-2018 para investigar y gestionar el retorno de los bienes que podrían haber salido del erario de manera ilícita.”
El bono incluye aquellos bienes inmuebles ubicados en el país y al efectivo recuperado, cualquiera que sea el origen de la recuperación, es decir, ya sea resultado de resolución firme de autoridad competente o resultado de acuerdos o convenios extrajudiciales.
Aunque pareciera una tarea que compete a Secretaría de la Contraloría del estado, Unidad de Inteligencia Financiera, o Fiscalía General de la República, la administración quintanarroense optó por recibir “ayuda” privada.
La administración estatal se comprometió a proporcionar el nombre de las personas físicas o morales involucradas; su información patrimonial; vínculos de parentesco, relaciones de naturaleza comercial y societaria; lista de los bienes muebles e inmuebles enajenados; datos con el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en general cualquier informe de utilidad.
Roberto Borge Angulo enfrenta varios procesos judiciales por delincuencia organizada, lavado de dinero, venta ilegal de bienes públicos y peculado en agravio del estado.
De acuerdo con Observatorio Legislativo, esto es una privatización de la Justicia y una nueva afectación a los bienes patrimoniales del Estado, ya que si se recuperan deben de regresarse, de acuerdo a las normas legales, en caso contrario se consideraría como aprovechamiento irregular de los bienes del Estado.
La agrupación cuestiona el que se asigne un “Bono de éxito” si el propio contrato tiene asignado un monto de 13 millones de pesos por los actos a realizar.
Galaviz Ibarra consideró que se debe investigarse para saber si los socios del Despacho: José Antonio y Santiago García Luque hijos de José Antonio García Alcocer, tienen alguna relación en otras empresas con personas ligadas en otros negocios en el Estado, para saber los alcances de estos grupos empresariales.
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