Por Felipe Hernández
Varios hechos del mundillo político ocurrieron en este feneciente septiembre con repercusiones de mediano y largo plazo. Uno es el arranque formal del proceso electoral 2020-2021, con la elección más grande en la historia de México; otro, el cuarto informe de gobierno de Carlos Joaquín y los cuatro años de su arribo a la gubernatura; y uno más el segundo año del nombramiento de Jesús Alberto Capella Ibarra como secretario estatal de Seguridad Pública.
El inicio del proceso electoral concurrente mete a la clase política quintanarroense en una carrera cuya meta principal es la elección de gobernador en 2022, cuando finalmente Quintana Roo le dirá hasta nunca a Carlos Joaquín, que pasará a la historia como uno de los peores gobernadores de esta entidad y muy probablemente signifique que los electores digan nunca más otro Joaquín en la gubernatura, luego de que Pedro Joaquín Coldwell fue el segundo gobernador constitucionalmente electo (1981-1987) del entonces naciente Estado Libre y Soberano, tras los más de 70 años del Territorio Federal creado por Porfirio Díaz en 1902; y el doble intento fallido de Addy Joaquín Coldwell (favorecida con la decisión del presidente Ernesto Zedillo para que fuera candidata priista en 1999, pero descarrilada por el entonces gobernador saliente Mario Villanueva Madrid, quien operó que en el proceso interno del PRI resultara ganador Joaquín Hendricks Díaz; y su derrota seis años después cuando enfrentó con las siglas del PAN y Convergencia al priista Félix González Canto).
Otra arista lamentable para los quintanarroenses, sobre la cual abundaremos en otras oportunidades, tiene que ver precisamente con que partidos y candidatos ven la elección del año próximo apenas como un peldaño hacia 2022. Y la rebatinga que ya protagonizan los aspirantes a la gubernatura por las candidaturas en los municipios convertirá a algunos Ayuntamientos no en caja chica, sino en caja rechoncha para apuntalar subrepticiamente con dinero público a algunos de los adelantados y acelerados aspirantes.
Por lo que se refiere al informe y al cuarto aniversario del inicio del gobierno de Carlos Joaquín hay mucho que apuntar. Por hoy señalaremos que su administración ha estado muy por debajo de las expectativas que generó su triunfo electoral con las siglas del PAN y el PRD, producto no de su liderazgo o carisma, sino del hartazgo, enojo y repudio que habían generado la soberbia y el autoritarismo de Roberto Borge Angulo en la sociedad, sobre todo en la zona sur del estado, que fue donde se marcó la diferencia a favor de Carlos Joaquín, a lo cual ya como gobernador no ha sabido corresponder.
Y a la vista de lo ocurrido en estos cuatro años de administración no falta quien opine que quizá Beto Borge tenía razón: Carlos Joaquín no conocía Quintana Roo ni tenía compromiso con los quintanarroenses. Y sólo es cuestión de echar un vistazo panorámico al gabinete estatal: dos extranjeros, dos traídos (con reforma legal exprofeso de por medio) de otros estados para atender los delicados temas de seguridad y procuración de justicia; una más que sigue siendo encargada de despacho porque no reúne el requisito de residencia; y muchos más foráneos aunque con años viviendo en el estado. Lo que debe importar son los resultados, se dirá en descargo… pero tampoco se ven.
Varios de los primeros protagonistas del autogobierno, como Jesús Martínez Ross y Felipe Amaro Santana, primer gobernador y segundo presidente municipal de Benito Juárez, respectivamente, por ejemplo, fungieron como profesores y ayudaron a crear centros educativos para la formación académica de los quintanarroenses, y pese a que al inicio de la administración de Martínez Ross sólo existía una institución de educación superior y que la primer universidad se fundó durante el periodo del tercer gobernador, Miguel Borge Martín, los gobernadores fueron sensibles a la larga lucha cívica por el autogobierno y si acaso impulsaron el retorno de coterráneos que se habían ido a preparar a -y se habían avecindado en- otros estados. Para ellos el quintanarroísmo implicaba también que tras el largo periodo de los gobernadores del Territorio nombrados desde el Centro, totalmente ajenos a los quintanarroenses, el autogobierno tendría que estar a cargo de la clase política del estado. Y, reitero, faltaban entonces profesionistas locales. Pero hubo sensibilidad, sentido de pertenencia, equilibrio político, hasta que Beto Borge se atrevió a reformar la Constitución para traer a un secretario de Seguridad Pública foráneo y a Carlos Joaquín a lo que ya se sabe.
Ese desapego del gobernador por los políticos quintanarroenses golpea más, desde luego, en el sur del estado, donde la actividad gubernamental es una de las más importantes fuentes de empleo. Eso y los pocos resultados le reclaman los habitantes del sur. Y el colmo es que foráneos como el secretario de Seguridad Pública con sus actitudes generan más encono social y son pasivos difíciles de sobrellevar para la administración del gobernador Carlos Joaquín.
