Chetumal.- El Gobierno del Estado arrastra una deuda de 85 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), recurso que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretende “refinanciar” con el aval del Congreso del Estado, cuya Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, consideró que no puede avalar esa pretensión, afirmó el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez.
Este martes, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, analizó la iniciativa de Decreto mediante la cual autoriza al Poder Ejecutivo de Quintana Roo, por conducto de la Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, a ratificar el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado celebrado entre el Gobierno del Estado, los Trabajadores al Servicio del Estado de Quintana Roo y el Issste en fecha del 24 de noviembre de 1976.
Esto, con la finalidad de celebrar el Convenio modificatorio del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el Issste.
De acuerdo a lo expuesto, la Sefiplan busca que el Congreso del Estado avale que el gobierno de Carlos Joaquín González, herede a la administración gubernamental entrante los pasivos por 85 millones de pesos que no pudo solventar por concepto de retenciones hechas a los trabajadores y que no fueron aportados en tiempo y forma al Issste, para lo cual la legislatura no fue aval aseguró el diputado Josde la Peña Ruiz de Chávez.
“Pasa por la legislatura el tema de que el Congreso fuera aval en esta operación, pero es inviable, no hay manera de que el poder Legislativo, y tampoco tiene la capacidad de ser el aval el Gobierno del Estado, ahí tendrían que buscar otro mecanismo”, afirmó.
Se trata de pagos correspondientes a bimestres de 2016, en la administración de Roberto Borge, por concepto de cuotas obrero-patronales de la burocracia, que hace referencia a una de por 85 millones de pesos, ya que al inicio de la presente administración el adeudo era de 917.5 millones de pesos, correspondientes a diferentes años y hasta de tres administraciones anteriores que descontaron a los trabajadores las cuotas, pagos de préstamos personales y créditos hipotecarios, sin entrarlos al Issste.
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