* Delitos del fuero común como robo y asalto en casa habitación derivan en homicidio.
* Generalmente las víctimas son del sexo femenino por lo que puede tipificarse como feminicidio.
* A autoridad municipal corresponde realizar acciones que mejoren condiciones de seguridad.
Por Salvador Pérez Hernández
Chetumal. El asesinato de nuestra compañera de partido, María Elena Pérez Huerta, se suma a una serie de homicidios perpetrados con total impunidad en nuestra ciudad capital, donde se cometen asaltos de forma consuetudinaria, con la complacencia de los cuerpos policiacos, lamentablemente la mayoría de las víctimas de este delito han sido mujeres, por lo que podremos afirmar de manera categórica que este caso también se debe tipificar como feminicidio.
Como se recordará María Elena Pérez Huerta fue conocida ampliamente por participar activamente en el Partido Revolucionario Institucional, licenciada en derecho de profesión, así como ser una persona de ideas liberales y una personalidad altruista, y que al interior de su domicilio fue asaltada y golpeada salvajemente lo que provocó su deceso algunas horas después, hecho que puede ser calificado como feminicidio.
Chetumal se encuentra sumido en una profunda crisis económica, que si bien hace pasar hambre a muchas familias, no debería ser causa del incremento exponencial de estos delitos del fuero común, y es necesario que la sociedad chetumaleña asuma su responsabilidad en contra del robo y asalto a casa habitación que en la mayoría de los casos es perpetrado en contra de mujeres, responsabilidad que es soslayada y tratada como problema ajeno al núcleo familiar, siendo favorecida por muchos ciudadanos sin escrúpulos que compran artículos de procedencia dudosa y aun a sabiendas que muchos bienes que les ofrecen vecinos a precios de remate son producto del robo.
El sistema de justicia del estado mexicano deja mucho que desear, y aun sabiendo que es premisa indispensable para que el crimen progrese que exista contubernio de las autoridades encargadas de la prevención y administración de la justicia, y también precisar que la ciudadanía se vuelve cómplice al solapar al hijo, hermano, vecino y conocido que depreda a sus semejantes, ya que al callar, solamente traslada el turno en que será víctima de la delincuencia.
Es necesario recordar al presidente municipal el deber ejercer el mandato constitucional que se le confirió para velar por la seguridad de la sociedad, y que a nombre de la ciudadanía que representa realice acciones tendientes a garantizar la seguridad de social, ya que si las condiciones económicas son tan deprimentes, como primer paso para recuperar las condiciones de vida previas, la seguridad es una piedra angular.
Para finalizar hago un atento llamado a la sociedad para poner un alto a los feminicidios.
