Chetumal, Quintana Roo.- El Joaquinista Antonio Villalobos Carrillo, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, convirtió ese órgano colegiado encargado de la dirimir las controversias entre particulares con autoridades, en un caos desde su llegada, pues por primera ocasión en la corta historia del Tribunal, ha enfrentado una ola de renuncias, quejas por malos tratos hacia el personal y hasta conflictos con los arrendatarios de los inmuebles en dónde se ubican las diferentes salas, pues como en los tiempos de la pasada administración se conduce con prepotencia.
Recientemente emitió su informe de labores correspondiente al año 2023, en el que ocultó a los magistrados, pagos pendientes por arrendamientos de los edificios lo que ha generado una serie de conflictos y que disfrazó con el falso anuncio de contar con un nuevo edificio, ya remodelado para para la Tercera y Cuarta sala unitaria en Cancún , aunque aún adeuda dos meses de renta correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año en curso y ni sus compañeros saben dónde se encuentra el famoso “nuevo edificio”
En la víspera de la conclusión del periodo de los magistrados Isabel Cecilia González Glennie y Alfredo Cuellar Labarthe, ofreció a ambos ser el “intermediario” político con la gobernadora Mara Lezama, para que pudieran obtener su reelección, pues aseguró ser de todos los afectos de ella, además que su nombramiento como Presidente, está avalado por ella mismo, aunque en realidad los tres, son de extracción joaquinista y dentro de la estructura de gobierno de la Cuarta Transformación ninguno de los tres son bien vistos.
Su prepotencia y soberbia lo han orillado a mandar a “sacar” todos los vehículos de los empleados de los estacionamientos del Tribunal de todas las salas del Estado, y consignarlos únicamente para él y su equipo, bajo la premisa de que, quien no obedezca tal disposición puede ser sancionado.
Lo anterior, sin contar que la ola de irregulares y señalamientos que existen en su contra desde el 2020, cuando aún se desempeñaba como Consejero Jurídico del gobernador Carlos Joaquín González, y fue señalado en una manta que fue abandonada en Región 516, sobre calle 34 y avenida 135, entre Nichupté y Politécnico de Cancún junto con tres cabezas humanas, en dónde se le señalaba de “vender la plaza” a un grupo de la delincuencia.
Durante ese mismo periodo, de plena pandemia y cuando Carlos Joaquín navegaba con la bandera de la austeridad, solicitó al Gobierno del Estado, una ampliación presupuestal para adquirir el arrendamiento de una camioneta por más de 600 mil pesos, la cual le fue concedida.
Más recientemente, el empresario cancunense, José Ricardo Rodríguez Segovia pidió la intervención de la XVII Legislatura, el Órgano Interno de control y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del propio tribunal, para lograr que, entre otras cosas, puedan pagarle el adeudo que tienen con él.
El empresario dio a conocer una serie de actos que, desde su perspectiva, constituyen acciones que van en contra de los principios del tribunal, actos de prepotencia y arrogancia, que no deben ser parte de un impartidor de justicia.
Explicó, como ejemplo, que desde su llegada, sólo una vez ha sido recibido por el Villalobos Carrillo y en esa oportunidad le refrendó que él- el presidente- era de todos los afectos de la gobernadora, en un claro tema que nada tenía que ver con la reunión que se realizó para informar sobre el estado del contrato de arrendamiento.
Explicó que han ofrecido la colocación de paneles solares para realizar un ahorro en el pago de la energía eléctrica pero se negó rotundamente, le donó cubetas de pintura para que se pinte el interior del edificio, pero tampoco lo aceptó y finalmente, después de mucho insistir, cuando consiguió una cita con él para pedirle su intervención para agilizar el pago de los meses atrasados, lo hizo esperar por más de dos horas y finalmente no lo atendió.
Ahora el arrendatario está condicionado, a firmar un contrato bimestral atrasado, es decir de noviembre y diciembre, para recibir el pago, pues de no hacerlo, no podrá cobrar, en una clara irregularidad de las condiciones que, desde el 2018 se desarrollan cuando el Tribunal rentó la propiedad.
Lo anterior, debido a que no ha cumplido con el pago en tiempo y forma de la renta del inmueble, como sí ocurría con sus antecesores, Mónica de los Ángeles Valencia y Alfredo Cuellar Labarthe.
“Se ha negado a realizar cualquier tipo de acción en pro del ahorro del tribunal, argumenta que no hay recursos porque la Sefiplan no se los entrega. ¿Será cierto, que Eugenio Segura deja sin recursos al tribunal para el pago de la renta?, no lo creo” asegura el arrendatario.
Lo cierto es que, desde la llegada de Antonio Villalobos el Tribunal de Justicia Administrativa se ve más por conflictos internos, con el personal, y temas que nada tienen que ver con la impartición de justicia, por la falta de capacidad de su presidente.
