Chetumal, Quintana Roo. – Para garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, la Diputación Permanente de la XV Legislatura dio entrada a una iniciativa que busca otorgar permisos con goce de sueldo a aquellos trabajadores que tengan bajo su cargo la atención de un familiar enfermo.
En la sesión número 4 de la Diputación Permanente, a cargo del diputado Ramón Javier Padilla Balam, se dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado José Luis González Mendoza, para adicionar un artículo 36 bis a la Ley Orgánica de los Trabajadores al Servicios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones del Trabajo y Previsión Social, y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, plantea que se pueda otorgar un permiso con goce de sueldo hasta por treinta días, para que los trabajadores puedan dar cuidados por enfermedad de un familiar dependiente a su cargo, siempre y cuando se presente la constancia médica respectiva.
“Resulta primordial atender esta problemática y otorgar las facilidades desde el ámbito legislativo para la emisión de permisos de atención a familiares enfermos dependientes, mismos que facilitarán la atención detallada de aquellas personas que se encuentran bajo cargo de un trabajador que desempeña un rol de cuidador, sin que se vean afectadas sus prestaciones económicas”, señala la exposición de motivos.
En la misma sesión, a la que asistieron los diputados Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Jesús Zetina Tejero, José Luis González Mendoza y Luis Ernesto Mis Balam, se dio entrada a una iniciativa ciudadana que propone reformar el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para reconocer a la lengua maya como idioma oficial en la entidad.
La propuesta consiste en reconocer tanto al español como a la lengua maya, como los idiomas oficiales del Estado, privilegiando la comunicación pública bilingüe en materia de salud, protección civil y educación.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa presentada por el ciudadano David Cortés Olivo, es una acción en congruencia con la realidad, toda vez que en la entidad se cuenta con más de 200 mil habitantes que hablan la lengua maya, de acuerdo con cifras del INEGI.
“Siendo el maya el idioma originario de Quintana Roo (a diferencia del español) y en aras de proteger los derechos lingüísticos de una parte significativa de la población, es necesario que nuestras leyes y nuestras instituciones no solo garanticen el uso de la lengua maya, sino que se establezca como idioma oficial, sin perjuicio al respeto de las demás lenguas indígenas de México (reconocidas como lenguas nacionales) o el español”, cita el documento que fue turnado a las comisiones para su análisis.
Previo a la sesión de la Permanente, los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside la diputada Yamina Rosado Ibarra, se reunieron para verificar el cumplimiento de las formalidades que exige la ley para un par de iniciativas ciudadanas que fueron entregadas al Congreso.
En dicha reunión se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, el cual contempla sostener una reunión con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para conocer los avances de la instalación del Comité Coordinador de dicho sistema.
Finalmente, la Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, sesionó para continuar con entrevistas a personas involucradas en el caso, las cuales se reservaron su identidad por protección de datos personales.
El diputado Luis Mis Balam, presidente de la Comisión Especial y Temporal, instruyó al secretario técnico para que solicite copia certificada del Diario Oficial de la Federación reformas al Código Fiscal de la Federación de fecha 13 de mayo de 1996.
También instruyó desahogar unas inspecciones oculares en el hangar del aeropuerto del gobierno del Estado, así como en el rancho “El Mostrenco”, para determinar mediante los sentidos si las manifestaciones de los testigos protegidos que depusieron en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid pudieron ser posibles.
