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Yucatán

Mal manejo de los apoyos y desatención a la comunidad de Xcalacoop, acusan a la alcaldesa de Tinúm 

Por: Bernardo Caamal Itzá

Grave denuncia de los habitantes de Xcalacoop a las autoridades municipales en una entrevista vía zoom.

Autoridades de los diversos niveles del gobierno, incluso los de Derechos Humanos, no han querido atender el caso.

Xcalacoop, Tinúm, Yucatán.-Habitantes de Xcalacoob, denunciaron que hasta el momento las autoridades municipales y estatal se han confabulado en no atender las demandas de esta comunidad que se ubica a unos cuantos kilómetros de Chichén Itzá.

En una denuncia vía zoom, las actuales autoridades nombradas por esta comunidad, cuyos documentos que avalan su elección y la gestión realizada en los últimos meses, nos lo compartieron y que avala su denuncia; de la misma forma señalaron que el movimiento que iniciaron hace algunos meses, como la toma del edificio municipal de su comunidad, ahora son objeto de ataques de los medios de comunicación financiados por las autoridades todo con el fin de desacreditar su inconformidad como ciudadanos.

Nuestra comunidad está constituida por más de 1500 habitantes, entre niños, jóvenes, y de la tercera edad, y 450 familias que residen en Xcalacoop, nos consta cómo las autoridades municipales de Tinúm, encabezada por la alcaldesa Natalia Mis Mex, y coludidos con el Eliseo Ucán, comisario municipal hasta el mes de mayo, maniobran para que todos los apoyos solo lleguen a sus seguidores.

“En realidad no tienen intenciones de trabajar para el beneficio de nuestra comunidad, y peor que detrás de la figura de la alcaldesa, quien realmente gobierna es su padre, actual comisario ejidal de Pisté, y el comisario Eliseo solo es el títere de ellos, resaltaron en su denuncia vía zoom.

Explicaron que la gente de la comunidad ahora con los efectos de la actual contingencia del COVID-19 y de los efectos severos de la tormenta tropical “Cristóbal” quedó todo al descubierto la forma en que se manipulan los apoyos, por ese motivo la comunidad decidió destituir al comisario municipal Eliseo Ucán y en su lugar nombraron a Claudia Georgina Hoil Dzul,

Sin embargo, hasta el momento no han sido atendidos por la alcaldesa, incluso las autoridades de Derechos Humanos “hacen de la vista gorda”

Resaltaron que han enviado escritos incluso al gobierno estatal, de manera directa a la Secretaría de Gobierno, con el fin de que sean escuchados, pero no hay respuesta, nosotros tenemos claro que hay leyes que amparan nuestro movimiento tal como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT No. 169, destacó.

Recordando que el convenio en el Artículo 2, menciona:

  1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
  2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida, entre otros apartados de interés para los gobiernos de los países firmantes, como México y que entró en vigor el 5 de septiembre en 1990.

La OIT es el organismo de las Naciones Unidas dedicado a promover la justicia social y los derechos laborales. Se trata del único organismo de Naciones Unidas de naturaleza tripartita: cuenta con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en su estructura de gobernanza. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro único en el que los gobiernos y los interlocutores sociales de sus 187 Estados Miembro pueden debatir de forma libre y abierta para estimular el crecimiento del empleo decente a través de empresas sostenibles. Asimismo, les permite promover los derechos en el lugar de trabajo, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo social.

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