La diligencia deriva de un conflicto que se remonta a 2016 por la posesión de un inmueble ubicado en terrenos del núcleo agrario José María Pino Suárez; el juzgado autorizó incluso el auxilio de la fuerza pública en caso de existir resistencia para cumplir la resolución.
TULUM, Quintana Roo.— Después de varios años de litigios, este martes fue ejecutada una orden judicial para restituir la posesión del predio donde operaba el establecimiento conocido como “Naay Tulum Beach”, ubicado en terrenos del núcleo agrario José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum.
La diligencia tiene su origen en el expediente 324/2016 y en diversas actuaciones relacionadas con el juicio de amparo 1005/2016-V, dentro de una controversia por la posesión del inmueble que se ha prolongado durante casi una década.
De acuerdo con la documentación judicial, el predio objeto del procedimiento se encuentra identificado dentro de la parcela con número definitivo 1981, y la resolución ordenó realizar la entrega material de la propiedad a la parte actora.
El conflicto atravesó diferentes etapas y resoluciones judiciales. En septiembre de 2021 se concedió una suspensión definitiva que favoreció a Ernesto García Amador y José Fernando Jiménez Soto, lo que permitió que en noviembre de ese mismo año se realizara una diligencia mediante la cual les fue entregado materialmente el inmueble.
La situación jurídica, sin embargo, volvió a modificarse.
El 30 de mayo de 2023, una autoridad federal resolvió un incidente de modificación de suspensión promovido por Mauricio Esteban, Ciro Miguel, José Rafael y Francesco Saveria, de apellidos Schiavon Magaña, determinación que cambió los efectos de la medida cautelar otorgada anteriormente.
Según las actuaciones que forman parte del procedimiento, posteriormente fueron negadas otras solicitudes de suspensión, lo que abrió la posibilidad de continuar con la ejecución del juicio civil.
Ante este escenario, el Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playa del Carmen determinó que existían condiciones jurídicas para proceder con la restitución de la posesión del inmueble a favor de la parte actora.
Para ejecutar la resolución fueron comisionadas dos actuarias judiciales encargadas de realizar la entrega material del predio.
La orden judicial contempló además que, en caso de encontrarse obstáculos o resistencia para realizar la diligencia, las funcionarias judiciales podían solicitar el auxilio de la fuerza pública y, de resultar indispensable para ingresar al inmueble, ordenar la apertura de accesos o cerraduras.
El oficio que dispuso la ejecución fue firmado por Víctor Alfonso Escalante Hernández, juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia de Playa del Carmen, y estableció el martes 11 de agosto como fecha para realizar la diligencia.
La restitución marca un nuevo episodio dentro de la prolongada disputa judicial por el predio donde funcionaba “Naay Tulum Beach”.
La actuación ejecutada corresponde al cumplimiento de las determinaciones dictadas dentro del procedimiento civil y de las resoluciones relacionadas con las suspensiones tramitadas durante el litigio, sin que ello impida que las partes involucradas recurran a las vías jurisdiccionales que legalmente procedan respecto de cualquier controversia pendiente.
