Mérida.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma de ley presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que reconoce el derecho humano a la ciudad en la Constitución local.
En un comunicado del PRI se añade que la iniciativa tiene el objetivo de colocar a las personas que viven en Yucatán, como parte central de las ciudades y garantizar el derecho de acceder a espacios urbanos inclusivos, sostenibles, ordenados, seguros, con servicios públicos y movilidad digna.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria priista, Gaspar Quintal Parra afirmó que la reforma permitirá darle orden al crecimiento urbano que experimenta el Estado, poner freno a quienes ven a ciudades como Mérida como una mercancía al servicio de ciertos intereses y a quienes pervierten el mercado inmobiliario, en particular el desarrollo de lotes de inversión que en ocasiones deriva en situaciones de posibles fraudes deliberados o por incompetencia, y obstaculizan la recuperación económica de Yucatán.
“Además, con la aprobación de esta iniciativa que incluye el derecho a la ciudad en nuestra Constitución, tendremos la obligación de trabajar desde el Congreso a fin de conseguir beneficios para los ciudadanos, como la renovación urbana de espacios públicos, la movilidad sustentable, el respeto por las diversas formas de expresión, el acceso a un medio ambiente limpio, sano y equilibrado, y la justicia social. Todo bajo un modelo de ciudad garante de los derechos humanos”, añadió.
Mencionó que con esta reforma, el Gobierno del Estado y los 106 Ayuntamientos, se darán a la tarea de crear y actualizar sus planes y metas para garantizar ciudades sustentables, ordenadas y planeadas, tomando en cuenta las opiniones de los distintos grupos sociales.
Indicó que, con la presente aprobación de reforma al texto constitucional, el paso siguiente es la adecuación de la legislación secundaria en temas de asentamientos humanos, planeación, ordenamiento territorial y crecimiento urbano, escuchando e integrando a esa labor a los 106 ayuntamientos del Estado; considerando una amplia convocatoria de participación ciudadana.
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