Por Mario Castillo Rodríguez
Chetumal.-Bien dice el dicho que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, adjetivo que encaja a la perfección con el desempeño que asumen las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que hoy quieren tapar el sol con un dedo ante la latente explotación laboral infantil que priva en el estado de Quintana Roo.
Los abusos de los cuales fue objeto un menor de edad que trabajaba como empacador en el Super Willys del poblado de Bacalar, son tan solo una pequeña muestra de los que sufren cientos de niñas y niños que se ven en la necesidad de laboral para contribuir al gasto familiar, aún y cuando la dependencia niegue de manera abierta que este fenómeno se manifiesta -en mayor o menor grado- en la entidad.
Si bien es cierto que en algunas cadenas de supermercados los infantes trabajan como “cerillitos” bajo consentimiento de sus padres y en pleno apego a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la realidad es que es el único lugar donde se procura que así sea, toda vez que en muchos de los establecimientos comerciales de abarrotes y autoservicio –entre otros- no hay ley que de protección a los menores, ni mucho menos vigilancia por parte de la STyPS.
Lo lamentable no es sólo el que nuestro estado sufra este tipo de situaciones, sino que hoy que las cosas se han salido de control, y que se ha convertido del dominio público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quiera “vender espejitos” asegurando que han atraído el caso y que aplicarán las sanciones correspondientes.
Y es que aparte de ciega, la dependencia ha sido sorda a las voces emitidas desde los diferentes medios de comunicación, e incluso de las mismas redes sociales donde la gente ha denunciado menores de edad explotados por sus padres laboralmente hablando.
Ni que decir de aquellas publicaciones y acusaciones donde la trata de niñas y niños procedentes del estado de Chiapas es el pan de cada día, y con claros ejemplos que la sociedad y las mismas autoridades pueden ver por las calles de las principales ciudades de Quintana Roo con menores cargando canastas de dulces, cigarrillos y otro tipo de productos en pleno horario escolar, o en altas horas de la noche deambulando por bares y cantinas.
Lamentable es pues que hoy salga la Directora del Trabajo, Verónica Salinas Mozo, a gritar a los cuatro vientos que se encargará del caso, de iniciar procedimientos sancionadores, y que van aplicar multas de 250 hasta 5 mil salarios mínimos en contra de la empresa, cuando jamás se han encargado de hacer su “trabajo” como deberían.
Es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aparte de haber actuado ciega y sorda en relación a lo que ocurre con los menores quintanarroenses que son explotados laboralmente, también evidencia una total torpeza para mantener vigilancia hacia los focos rojos que cotidianamente se encienden en sus propias narices.
Y peor aun cuando a la fecha la dependencia estatal navega sin alguien que asuma la responsabilidad, luego de que Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, dejará el barco a medio mar para ir tras una diputación local que le garantice “chamba segura” en los siguientes años.
