Chetumal, Quintana Roo. – El Pleno de la XV Legislatura aprobó con 21 votos a favor y uno en contra, la reforma a la Constitución de Quintana Roo mediante el cual se dará mayor apertura al proceso de designación de Fiscal General del Estado, al despartidizarlo y tener la posibilidad de que el Congreso pueda realizar una convocatoria abierta a la sociedad civil para la recepción de propuestas al cargo.
En la sesión ordinaria número 12, presidida por el diputado Luis Ernesto Mis Balam, las diputadas y diputados avalaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II, y los párrafos primero y cuarto del inciso A), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo segundo del inciso A), del apartado A; del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
En tribuna, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila destacó que Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo de Fiscal General, pues en la gran mayoría del país no es exigible este requisito.
También destacó la apertura que se le otorgará al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General, pues con las modificaciones aprobadas, las fracciones parlamentarias están ciudadanizando el procedimiento para abrir paso a la participación de la sociedad civil.
Por su parte, la diputada Leslie Hendricks Rubio votó en contra de la reforma, por considerar que no se estaría cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.
La legisladora agregó que homologar nuestro procedimiento con el del Fiscal General de la República, resulta también fuera de proporción por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal en comparación con ese mismo cargo a nivel federal.
Cabe mencionar que, de acuerdo al procedimiento legislativo correspondiente, la minuta constitucional será turnada a los once ayuntamientos del estado para que sea sometida a consideración de sus respectivos cabildos.
De acuerdo con el dictamen, se eliminó el requisito de oriundez y residencia para establecer que además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal General deben contar con residencia en el país.
En la reforma se especificó que, para el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sí será exigible el requisito de oriundez o residencia mínima en la entidad.
También se homologará el procedimiento de integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, al previsto en la Constitución Federal, eliminado la disposición que establecía que la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para el cargo. Esta modificación permitirá, abrir el procedimiento a las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, según determinen los integrantes de la Legislatura.
Cabe precisar que, de aprobarse la minuta por la mayoría de los ayuntamientos, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y entonces la Legislatura contará con un plazo de diez días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.
El estudio y análisis de la iniciativa, promovida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, estuvo a cargo de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, cuyos integrantes revisaron los detalles de la iniciativa y se expusieron las diferentes opiniones en torno a la propuesta.
De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas, los estados de la República donde no se exige el requisito de residencia para dicho cargo son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En la misma sesión, se dio lectura a la iniciativa para crear la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.
La propuesta de ley tiene como finalidad establecer las bases generales para regular lo relacionado con los servicios de salud mental en la entidad, acorde a las necesidades psicológicas y psiquiátricas; con una visión humanista en concordancia con los diversos criterios en materia de derechos humanos y contemplando funciones para el fomento, promoción y evaluación de la salud mental.
Además, se pretende instaurar en todas las unidades que brinden servicios de salud pertenecientes a la Secretaría, espacios destinados para la atención de la salud mental de aquellas personas que presenten trastornos mentales, previa valoración médica.
La iniciativa es el resultado de un trabajo coordinado con los distintos colegios, asociaciones, entes de gobierno y organismos autónomos en el estado, que va encaminado a reflejar un panorama objetivo y claro en cuanto a las acciones que deben de implementarse para garantizar la salud mental de la ciudadanía.
Finalmente, se dio lectura del oficio SG/3647/2018, de fecha 18 de septiembre de 2018 presentado por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el cual remiten Acta de Cabildo de la sesión ordinaria realizada el día 4 de septiembre del mismo año, en relación a la solicitud realizada por esta Legislatura.
