Chetumal.- Las afectaciones económicas que tienen los propietarios de vehículos en la capital del Estado por la aplicación de un cobro por el traslado en grúa hacia los corralones privados sin que estos lo autoricen o soliciten podría llegar a su fin mediante la aplicación de un amparo por parte de un despacho de abogados y con esto evitar lo que la población considera un abuso de los dueños de las dos empresas que operan en Chetumal y las autoridades policiales.
Los más afectados son los propietarios de motocicletas que en ocasiones por no tener sus papeles en regla son detenidos en los retenes que coloca la policía de tránsito y que sus unidades son llevadas a uno de los corralones para que además de pagar las respectivas multas por violentar el reglamento de tránsito, tienen que cubrir al menos 600 pesos por el arrastre además de los días de estadía que el vehículo está detenido; sin que los propietarios puedan evitar este abuso.
Esto genera ingresos importantes a los propietarios de estos establecimientos y grúas quienes están coludidas con las autoridades y haciendo uso de una acción que no es obligatoria trasladan los vehículos cuando pueden ser llevados andando; ejemplo claro es que durante un operativo han trasladado entre 20 y 30 motocicletas lo que suma una cantidad importante por el pago del arrastre, estadía además de la latente posibilidad de ser robadas las piezas por el personal que supuestamente debe cuidarlos.
Por lo anterior y ante el clamor popular que existe, sobre todo en las redes sociales, el abogado Héctor Pérez Rivero de titular del despacho “Pérez Rivero Abogados Corporativos” ubicados en la capital del estado dijo que ellos están en la acción de promover amparos contra este tipo de acciones y con esto el afectado podrá recuperar los montos pagados por el traslado de la unidad en grúa y la estadía en el corralón siempre y cuando el vehículo sea legal y no utilizado para cometer algún ilícito o verse envuelto en un accidente.
En ese orden detalló que la única cuota de recuperación que pedirán es el 50 por ciento del monto económico recuperado una vez que el amparo proceda y la empresa tenga que devolver lo pagado por el propietario de la unidad lo que representa una aliciente para la ciudadanía que sufre con los elevados sobros sin justificación legal por parte de las empresas dedicadas a ofrecer este tipo de servicios.
El litigante señaló que para que puedan iniciar con la promoción del amparo, la unidad en cuestión debe ser legal y que el propietario lo acredite, no estar relacionado con algún ilícito y haber cubierto lo necesario que marca la ley como la obtención de placa, tarjeta de circulación y demás porque no se trata de defender temas ilegales sino de combatir los abusos y cobros ilegales que hacen las empresas de grúas y las autoridades policiales.
Dijo que sus oficinas están ubicadas en la avenida Belice número 286 entre Camelias y Justo Sierra y también pueden localizarlo en los números 9831207260 y 1440275.
