No cabe duda que la alternancia en el poder de Quintana Roo traerá buenos y malos dividendos para una sociedad quintanarroense cuya esencia ha sido vivir en paz y de manera pacífica, como ocurrió la tarde de hoy cuando la sede del Congreso del Estado fue irrumpida de manera vandálica por un grupo de enardecidos ciudadanos cuya mayoría desconocía los motivos por los cuales gritaba injurias al por mayor.
Es entendible el malestar que tienen varios sectores de la sociedad hacia la administración del Roberto Borge Angulo y los diputados de la XIV Legislatura del Congreso del Estado quienes en el ocaso de su mandato (terminan su periodo a finales de agosto próximo) realizarán varias adecuaciones afines a su responsabilidad, pero una cosa es entender su enojo, rabia o enfado y otra aceptar que trastoquen o trasgredan el marco de la Ley.
Lo acontecido la tarde de hoy en la sede del Poder Legislativo, donde más de 200 personas irrumpieron de manera grotesca la apertura de la sesión extraordinaria, debe ser analizado muy a fondo por la presente y próxima administración estatal porque se trata, aun cuando hoy no se tenga nada que lamentar, es un acto grave.
Estamos de acuerdo en que cualquier quintanarroense tiene el derecho de manifestarse y luchar por sus ideales, y que la autoridad respete su integridad física, pero no debemos tolerar la afectación a terceros y muchos menos cuando la agresión viene de personas que no tenían ni idea de los motivos por los cuales, supuestamente, luchaban.
Resultó increíble ver como los reconocidos diputados: Martha Silva y José Hadad Estefano, quienes estuvieron presentes en la reyerta, no explicaran a los presentes que la citada sesión era única y exclusivamente para elegir a la mesa directiva del periodo extraordinario.
Gran parte de los presentes, en su mayoría traídos de las zonas rurales de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, desconocían los motivos por los cuales acudieron al Congreso del Estados. Estos presumían que se aprobaría la deuda del Gobierno del Estado por la cual se exentaba a Beto Borge de su responsabilidad.
Otro tanto, quienes se presumen los “sesudos” del movimiento también estaban errados porque argumentaba que con la elección del nuevo fiscal (procurador) los diputados estaban protegiendo al gobernador, Beto Borge.
Cabe señalar que el cambio de procurador a fiscal de Quintana Roo obedece única y exclusivamente a la entrada del nuevo sistema de justicia en México. La designación del fiscal sólo será por tres meses ya que cuando Carlos Joaquín tome protesta como gobernador este mandará una terna a la XV Legislatura para elegir al nuevo fiscal.
La elección del presidente del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) se debe a la renuncia del anterior (Emiliano Novelo).
Entendemos la presunción de los cientos o miles de quintanarroenses que han adoptado una actitud de “inspector gadget”, pero todos ellos deben aceptar que vivimos en un Estado Libre y Soberano que se integra por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que se rige de Ley.
Entonces, por el bien de Quintana Roo aún estamos a tiempo para evitar desaguisados porque de lo contrario, de seguir tolerando este tipo de actos vandálicos, en fechas no muy lejanas estaremos hablando de actos grotescos como ocurren en Oaxaca, Guerrero y otros Estados o países donde ya no se puede vivir.
