Tiro Libre
Anwar Moguel
Es un hecho que la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) y el Sistema Educativo en general, por su tamaño y alcance, ha sido un nido de corruptelas y malas prácticas que por muchos años fueron toleradas, aceptadas como parte del status quo del gremio educativo.
La venta de plazas, el tráfico de influencias, las comisiones injustificadas o “aviadurías” y el mercado de exámenes magisteriales no fueron nunca un mito, sino una realidad tangible y que conocen a pie juntillas todos los que laboran en algún área de la educación.
De esta corrupción tan conocida se culpó en automático al SNTE, quien mediáticamente cargó con la mayor parte de la responsabilidad, sin embargo la realidad es que las mañas y los negocios en lo oscurito eran compartidos entre gente del sindicato y autoridades educativas formales. Un matrimonio nocivo, pero muy lucrativo.
Lo peor es que el magisterio y los trabajadores del sector en general estaban tan acostumbrados a este ambiente que todos se hacían de la vista gorda. Los trapitos sucios no salían a la luz, y nunca se emprendían acciones para combatir estas prácticas.
Por eso me llamó mucho la atención que la Secretaría de Educación, dirigida actualmente por José Alberto Alonso Ovando quien llegó como bombero a calmar el fuego en la dependencia desatado por el conflicto magisterial, por primera vez hiciera pública su postura hacia una realidad que no se puede tapar.
El viernes 30 de mayo en su página de internet oficial, la SEyC publicó el siguiente mensaje: “Hacemos un llamado a que hagan caso omiso a ofrecimientos de ventas de los exámenes y plazas a través de las redes sociales y llamadas telefónicas y mucho menos a hacer depósitos a números de cuentas bancarias, ya que son acciones completamente fuera de la Ley General del Servicio Profesional Docente y pueden entorpecer la participación de quienes incurran en acciones derivadas de este tipo de ofrecimientos…”
Cabe señalar que el pasado lunes en Novedades Chetumal se denunció la venta de exámenes magisteriales de preparación profesional a precios que oscilaban entre los mil y los dos mil 500 pesos.
La reacción oficial me parece sumamente acertada, porque nada se gana con ocultar la suciedad bajo la alfombra. Este llamado a no caer en ese juego no debe ser echado en saco roto por el magisterio ni por aquellos que deseen formar parte del Sistema Educativo.
Aplaudo la valentía de aceptar una realidad innegable y de lanzar una clara advertencia de posibles consecuencias a los que incurran en este tipo de actos. Es un buen inicio, pero el esfuerzo no debe terminar allí. Se debe llegar hasta el fondo para acabar con los tumores que generan ese cáncer de corrupción.
