Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado de Quintana Roo solicitó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y a la de Economía del gobierno federal, impulsar la continuidad a la política de desgravación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur del país, a fin de mejorar la competitividad y abatir la situación de desigualdad en cuestión de precios de las zonas fronterizas con respecto al comercio extranjero.
Además, las diputadas y diputados de la XVI Legislatura se pronunciaron por enviar una atenta solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación de la miscelánea fiscal 2020, contemple la disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.
Ese punto de acuerdo es resultado de diversas reuniones de trabajo con diversos colectivos sociales, asociaciones civiles y cámaras empresariales quienes, a través de sus planteamientos, inquietudes y de opiniones vertidas consideraron necesario que, aunado al tema de la desgravación arancelaria, se retome la solicitud de disminución del IVA y del ISR.
En el exhorto, promovido por los integrantes del grupo legislativo del PVEM y avalado por la XVI Legislatura, se destaca la necesidad de seguir impulsando la continuidad de la política de desgravación arancelaria que coadyuve a la potencialización económica de esta zona geográfica.
Desde el 2003, la Federación implementó un esquema del Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica.
Las reducciones arancelarias están dirigidas a las empresas que pretenden realizar la importación de mercancías para ser destinadas a la franja y región fronteriza de nuestro país, las cuales son reguladas al amparo de los decretos cuya emisión de solicita continuar.
En la misma sesión, la XVI Legislatura aprobó un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para designar a la persona que se encargará de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que este organismo pueda garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Además, en el punto de acuerdo promovido por el diputado José Luis Guillén López, representante legislativo de Movimiento Auténtico Social (MAS), también se exhortó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que dé cabal cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto número 299 de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, que mandata a esta dependencia definir y aplicar los procedimientos y mecanismos necesarios para la asignación de recursos al Instituto.
El Pleno Legislativo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo presentada por las diputadas Erika Castillo Acosta, Tepy Gutiérrez Valasis, Fernanda Trejo Quijano, Reyna Durán Ovando, y los diputados Edgar Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda y Roberto Erales Jiménez.
De acuerdo con la exposición de motivos, los legisladores promoventes consideran que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad, las autoridades en la materia no han invertido su energía, conocimiento y habilidad en planear de manera integral cómo deben estar estructuradas las ciudades y qué acciones deben ejecutarse para modernizar el servicio de transporte en la entidad.
La propuesta contempla eliminar la muerte del titular de la concesión de las causas de extinción de las concesiones, la transformación de la Junta de Gobierno en un Consejo Directivo de Movilidad en el que participen legisladores, representantes de organizaciones de transporte de pasajeros y de carga y dos ciudadanos que acrediten experiencia en los temas de movilidad.
De igual forma se propone proteger, respaldar y respetar los derechos adquiridos por aquellos operadores del servicio público de transporte en su modalidad de taxi ruletero, que llevan muchos años laborando de manera ininterrumpida como trabajadores al volante, al darles preferencia a los choferes de mayor antigüedad al momento de otorgar concesiones.
La diputada Tyara Schleske de Ariño y los diputados Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruiz de Chávez, integrantes del grupo legislativo del PVEM, presentó una serie de reformas a las leyes de hacienda de los once municipios de la entidad para otorgar incentivos fiscales a quien realice acciones para la protección y aprovechamiento sustentable del equilibrio ecológico, a través de la implementación de los “techos verdes” o sistemas de naturación urbana en azoteas.
En tanto, el diputado José Luis “Chanito” Toledo presentó una iniciativa de reformas a la Constitución local y a la Ley de Participación Ciudadana en materia de consulta popular, que busca armonizar las disposiciones locales con las recientes reformas federales en la materia.
Por su parte, el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e integrante del grupo legislativo del PAN, propuso reformas al artículo 32 de la Constitución de Quintana Roo con la finalidad de actualizar el marco jurídico en materia educativa y adecuarlo a la reforma impulsada a nivel federal.
