Por Mario Castillo Rodríguez
Chetumal.-En esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometió un garrafal error al echar atrás los Artículos 172 y 324 de la Ley Electoral de Quintana Roo, bajo el argumento de que éstos restringen la libertad de expresión y el derecho a la información, mutilando así el marco legal que nos regirá en lo local en durante las elecciones de este 2016.
Y es que el avalar el uso de cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigren a quienes participan en los procesos electorales, así como su propaganda y difusión, no sólo incitan al desorden, sino que es algo que va en contra de una práctica democrática respetuosa.
Así lo consideró el diputado independiente Jorge Aguilar Osorio, quien se manifestó en contra de la decisión tomada por la SCJN al anular dichos artículos que refieren a que “Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos al realizar propaganda electoral deberán evitar en ella cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos”, en el caso del 172 párrafo Cuarto y Quinto.
Y que “Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrá iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”, en lo referente al 324.
“Yo siempre he sido muy respetuoso y defensor de la libre expresión, pero considero que la Suprema Corte se equivoca porque uno puede expresarse sin la necesidad de calumniar, difamar y sin insultar a las personas. La comunicación dentro de la política tiene y debe de mantenerse a la altura”, aseguró Aguilar Osorio.
Insistió el diputado integrante de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, que dichos artículos le venían muy bien a la Ley Electoral de Quintana Roo, ya que en los últimos procesos se ha visto muy pronunciado el uso de descalificativos, difamaciones e incluso insultos, como parte de una equivocada estrategia utilizada por las y los candidatos tras la palabra democracia.
“En Quintana Roo estamos hartos de la calumnia y de la diatriba, de cómo se han comportado los políticos y quienes aspiran a cualquier cargo de elección popular; eso no debió de haberse invalidado de la Ley Electoral de Quintana Roo, ya que de este modo se avala el uso de la calumnia como herramienta de campaña”, lamento Jorge Aguilar Osorio.
No obstante, toda vez que la decisión de la SCJN es inapelable, destacó que el Poder Legislativo tendrá que trabajar en la modificación del marco legal local para desechar los artículos 172 y 324, por lo que seguramente será en el arranque del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, cuando los diputados quintanarroenses trabajen en la materia.
