3 de 3 será obligatorio para los servidores públicos.
Jesús González.
El Pleno del Congreso local por unanimidad aprobó el dictamen de Ley para la creación de la Ley de Transparencia y Protección de Dato de la entidad y con esto Quintana Roo se convierte en uno de los estados del país que ha logrado su homologación con el marco general en la materia antes del 5 de mayo, fecha límite para que las entidades hagan lo conducente.
Durante la integración de este nuevo marco legal que entrará en vigencia el próximo 5 de mayo, fueron escuchadas y tomadas en cuenta las aportaciones de la ciudadanía, lo que demuestra apertura total que existió por parte de la XIV Legislatura local para esta Ley.
La presidenta de la Gran Comisión del Congreso local, Judith Rodríguez Villanueva detalló que este marco legal está compuesto de 10 títulos en los que se integran 205 artículos enfocados a cada una de las necesidades en cuanto al acceso a la información así como la protección de datos personales.
No obstante a que existe una Ley General en la materia, la legisladora manifestó que hay apartados particulares acorde a las necesidades de la entidad, subrayó la integración del apartado tres de tres que obliga a los funcionarios públicos llevar a cabo su declaración, patrimonial, fiscal y de intereses.
De igual forma fue ampliado el catálogo de sujetos obligados a emitir información pública al incluir ahora a partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicato personas física o moral que reciba recursos públicos o actos de autoridad en la entidad y de 22 apartados como mínimo para actualizar, serán 48 rubros en lo general más obligaciones específicas.
La presidenta de la Gran Comisión del Congreso local también dijo que ahora se creará un Consejo Consultivo el cual será electo por el legislativo posterior a una convocatoria publicada; otro de los puntos es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrá la facultad de atracción de una solicitud en caso que a nivel local no sea procesada correctamente o que no satisfaga las necesidades y peticiones del interesado.
En su caso sería este Instituto quien emita la sanción respectiva hacia los sujetos obligados que no cumplan con las peticiones de información que algún interesado lleve a cabo.
