“La iniciativa de reforma que pretende integrar al SIPINNA al DIF es contraria a los derechos de niñas, niños y adolescentes”
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su preocupación ante la vulnerabilidad que enfrentan las infancias en México. Las estadísticas demuestran que el Estado mexicano ha fallado en el combate al maltrato infantil, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar del mundo en abuso infantil.
En diciembre del 2022 la Unicef emitió un reporte en el que señala la falta de Estado de Derecho en México, el incremento de la violencia y la desigualdad económica, situaciones que colocan a los menores de edad en condición de riesgo. En suma, los sitios que deberían ser más seguros para los niños, como los hogares y las escuelas, son los más peligrosos. El género es otro factor que aumenta la vulnerabilidad en la infancia, ya que las niñas son más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de trata sexual. A nivel mundial, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales entre los cero y 17 años.
A propósito del Día Internacional Contra el Maltrato Infantil, muchas organizaciones civiles están manifestando su inconformidad sobre la falta de atención a las problemáticas que atañen a los niños y niñas. Si bien México cuenta con la normatividad para atender el maltrato infantil, no se tienen las políticas públicas suficientes a favor de la niñez. Por otro lado, no se asigna el presupuesto necesario para llevar a cabo los proyectos existentes para garantizar la protección de sus derechos.
Aún más preocupante resulta la reciente iniciativa de reforma legislativa que pretende fusionar 18 organismos y entidades federales, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). De esta manera, dichos organismos perderán autonomía en materia de recursos. La reforma busca remover la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y fusionarla al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), lo cual le quitaría capacidad como organismo coordinador de estrategias y políticas públicas.
Los defensores de la infancia, entre ellos ex vicepresidentes, expertos independientes que han acompañado al Estado mexicano desde el Comité de Derechos del Niño ante la ONU, advierten que llevar a cabo esa reforma “sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, de los cuales México es Estado Parte”.
La iniciativa para integrar el SIPINNA al DIF se empezó a discutir desde enero del 2021, al respecto la Unicef se pronunció en contra y alentó a las autoridades mexicanas a debatir sobre las implicaciones que esta medida podría tener frente a los derechos y la atención intersectorial que requiere la población infantil y juvenil en México.
Los defensores de derechos de los niños siguen haciendo eco al pronunciamiento de la Unicef y defienden la autonomía del SIPINNA, pues “es el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia”. Más que intentar desaparecerlo, lo que es realmente necesario es reconocer los aportes del SIPINNA y encontrar soluciones para mejorar sus funciones.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas se une al llamado de los activistas defensores de la infancia, en el cual se le demanda al Estado Mexicano reconsiderar su propuesta de reforma legislativa; y cumplir con sus obligaciones internacionales, así como cooperar con el Comité de Derechos del Niño y otros mecanismos en derechos humanos dedicados a garantizar la protección de la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes. Es momento de que el gobierno federal y los gobiernos estatales empiecen a implementar políticas públicas encaminadas a reconstruir el tejido social, de forma que se pueda conseguir un ambiente sano para el desarrollo de las infancias mexicanas.
