Por Victoria Castro Chávez
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila declarar inconstitucional la ampliación del nombramiento del magistrado Heyden Cebada Rivas, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, cuyo periodo fue extendido hasta 2033 mediante la reforma judicial aprobada por el Congreso del estado.
El proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, propone invalidar el artículo transitorio del decreto publicado el 13 de enero de 2025, al considerar que la prórroga otorgada a Heyden Cebada Rivas y a la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal carece de fundamento en la Constitución federal.
De ser aprobado por el Pleno de la Corte, ambos nombramientos dejarían de gozar de la ampliación automática aprobada por el Congreso de Quintana Roo y deberán ajustarse al nuevo modelo constitucional derivado de la reforma judicial.
El proyecto sostiene que los congresos estatales no pueden extender discrecionalmente el periodo de quienes ejercen una magistratura cuando ello contraviene el diseño previsto por la Constitución General de la República.
No obstante, la propuesta también valida uno de los aspectos centrales de la reforma judicial local: el mecanismo para elegir a la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La ministra considera constitucional el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo, al establecer que la presidencia del TSJ sea elegida mediante voto secreto y por mayoría entre las magistradas y magistrados que integran el Pleno, al señalar que la Constitución federal no impone un procedimiento específico para esa designación y deja esa facultad a las legislaturas estatales.
Sin embargo, el proyecto identifica otras inconsistencias en la reforma impulsada por el Congreso de Quintana Roo. Entre ellas, propone invalidar el procedimiento de elección de las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, al considerar que no respetan el modelo establecido por la Constitución federal.
Asimismo, plantea dejar sin efectos el mecanismo previsto para designar la magistratura especializada en materia de adolescentes, por estimar que tampoco se ajusta al nuevo esquema constitucional.
En caso de que el proyecto sea aprobado en sus términos, las magistraturas involucradas deberán incorporarse al proceso de elección judicial previsto para 2028, con lo que concluiría la renovación del Poder Judicial del Estado mediante el voto ciudadano.
La resolución que adopte la Suprema Corte será determinante para el futuro de la reforma judicial en Quintana Roo y marcará un precedente sobre los límites que tienen los congresos estatales para modificar la duración de los cargos judiciales y adecuar sus legislaciones al nuevo modelo constitucional.
