Bacalar.- El patrimonio de Bacalar se encuentra en riesgo por la incompetencia y manipulación de la Síndica Vanessa Piña Gutiérrez, quien se escuda en su condición de mujer, para intentar ocultar su incapacidad profesional, omisiones a la ley e intereses particulares.
Utilizando su condición de mujer, Vanessa Piña Gutiérrez, Síndica (en términos de igualdad y equidad de género) del Ayuntamiento Bacalar, acusa a los miembros del Colegiado en pleno de ejercer Violencia Política en razón de Género en su contra (VPG), por haberle sido revocada su condición de apoderada legal del Municipio.
A la Síndica no se le destituyó su cargo como ha hecho creer, dado que no es facultad del Ayuntamiento, se le revocó su carácter de apoderado jurídico, debido a sus negativas, omisiones y conflictos de interés personal.
De acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Municipios de Quintana Roo, fracción I, inciso v, entre las obligaciones y facultades de los ayuntamientos están el “revocar el carácter de apoderado jurídico que esta ley le otorga al Síndico, cuando a juicio del propio Ayuntamiento exista conflicto de intereses entre éste y el Síndico. En este caso, el carácter de Apoderado Jurídico recaerá en otro miembro”.
En el caso de Vanessa Piña, el principal motivo argumentado por el Cabildo en pleno, fue la negativa para, como apoderada legal, demandar a la anterior administración municipal que a juicio de las actuales autoridades, provocó daños al patrimonio público; porque tal acción, le genera un conflicto de intereses personales.
Además, la Concejal se negó a firmar requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), referentes a la cuenta pública del 2021 y 2022; asimismo, no quiso firmar documentos sobre juicios laborales, y diversas observaciones de auditorías externas, que ponen en riesgo el patrimonio municipal.
En síntesis, la Síndica municipal omitió sus funciones, se negó a cumplirlas y puso en riesgo al Ayuntamiento de Bacalar, motivos que fueron causa para revocarle el carácter de apoderada jurídica que, no es lo mismo que destituirla de su cargo, dado que el colegiado municipal no tiene esa facultad.
La revocación la aprobó el pleno del Ayuntamiento, es legal, y se actuó en defensa del interés general, muy lejos de lo que hoy Vanessa Piña acusa como Violencia Política de Género.
La condición de mujer de la Síndica, no es impedimento para señalar su irresponsabilidad sobre las obligaciones que se obligó a cumplir cuando rindió protesta como miembro del Ayuntamiento de Bacalar.
Acusar a sus compañeros de ejercer VPG sólo por su condición de mujer, para ocultar su falta de profesionalismo en el desempeño de su cargo público, los intereses personales conflictuados, su negligencia, omisión y nulo trabajo en beneficio de los bacalarenses, es condenable cuanto más deleznable.
En estos tiempos de falta de confianza de la sociedad hacia sus políticos, quienes ostentan cargos públicos, tienen que tener escrutinio público permanente, y deben asumir las consecuencias de sus actos o de sus omisiones, quien quiera que sea y fuera cual fuere su género.
Ante el hartazgo social, los actos de autoridad tienen que ser la mejor herramienta para devolverle la confianza al pueblo, y nadie, absolutamente nadie, mujer o varón, o cualquiera que sea su condición, debe ser la excepción.
