Columna Fe de erratas
Por Mario Hernández
Si es que no hubo paquidermia burocrática o maldad de algún duende, en el escritorio del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Patricio de la Peña Ruíz Chávez, ya debe de estar la denuncia de las “manos negras” que están interviniendo para que, desde hace años, un grupo de ex trabajadores no reciban su liquidación, ocasionada por el despido injustificado.
En efecto, 7 ex obreros de la otrora Industrializadora Maderera de Quintana Roo, S.A de C.V (tres de ellos en la gráfica, al lado de su defensor- Elmer Gutiérrez Avilés-) denunciaron la parcialidad de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del secretario de asuntos individuales de la JLCA, Claudia Marcela Pastrana Lagos y Roger A. Domínguez Martín, respectivamente.
Sin embargo, en estricto apego a un documento que los afectados enviaron a la más alta autoridad del estado, hay que precisar que el segundo personaje, a pesar de su cargo inferior, en realidad es el factótum de la Junta de Conciliación.
Como si no bastara esa irregularidad, y como para cerrar la pinza que cercene los derechos de los ex obreros, traicionando la confianza de quien les confirió la responsabilidad, dos funcionarios de la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo colaboran para que las siete personas no obtengan su indemnización.
En el escrito enviado al titular de la STyPS el 10 del mes en curso, se lee: denunciamos al Licenciado JOSE GASPAR RIOS PADILLA…quién, junto a otra persona, intervinieron en la demanda de amparo contra el laudo y el embargo del rancho “Las Sardinas” del municipio de Felipe Carrillo Puerto…”.
Y aquí en donde aparece un ingrediente más para que a los demandantes les estén escondiendo su liquidación. Esto es, tráfico de influencias, pues el primero de éstos es hermano de uno de los codemandados en la JLCA: Jesús Armando Labastida Mendoza, es decir, “LA IGLESIA EN MANOS DE LUTERO”
Los afectado también especifican que ambos funcionarios “no deben litigar, está prohibido por la constitución política mexicana y la del Estado de Quintana Roo, ya que están devengado sus sueldos y además están litigando en días y en horas laborables, eso implica falta de probidad, y sobre todo cuando se trate de asuntos laborales en contra de los trabajadores quienes son la parte más débil y desprotegida…”.
Para concluir, hay que destacar que por ironía o casualidad, en la dirección donde funcionó la demandada empresa Industrializadora Maderera de Quintana Roo, S.A de C.V (avenida Plutarco Elías Calles 88 -entre Cozumel y Calzada Veracruz, Colonia Barrio Bravo-) hoy opera un negocio similar, con el nombre “MADLA, acrónimo que ¿significa Maderería Labastida? (Columna Fe de Erratas. Mario Hernández)
