Por Salvador Pérez Hernández.
Chetumal.- Un caso de misoginia demuestra que la justicia en Quintana Roo tiene fallas. Una mujer es la víctima, es acusada de secuestro de sus propios hijos, sometida a un juicio exprés, encarcelada y exhibida en los medios de comunicación, sin mediar ninguna protección de sus derechos, anulando la presunción de inocencia, y las 72 horas de detención preventiva hasta la audiencia, ya que fue recluida directamente con las presas de alta peligrosidad, evidenciando las debilidades del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral quintanarroense.
Un secuestro, también conocido como plagio, es el acto por el que se le priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, con objeto de obtener un rescate u otras exigencias en perjuicio del o los secuestrados o de terceros.
Por su parte el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en el Artículo 117. Dice “Al que prive a otro de la libertad, se le aplicará prisión de cinco a veinte años y multa de veinticinco a ciento cincuenta días de multa, si el hecho se realiza con el propósito de: I. Obtener un rescate; II. Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole, o III. Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él”.
La inculpada relató: “Un día fui al velorio de la abuela del padre de mis hijos, y al día siguiente del sepelio, fui requerida para llevar documentos relacionados con una demanda de mi ex pareja a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Bacalar, donde fui esposada y trasladada por la policía judicial al Centro de Readaptación Social de Chetumal (CERESO) acusada por el delito de secuestro de mis dos hijos.
Inmediatamente fui recluida con reas de alta peligrosidad, sin mediar ninguna protección de mis derechos, anulando la presunción de inocencia, y las 72 horas de detención preventiva hasta la audiencia pública”, comentó.
Relata la ofendida, que: “Aún no salía de mi asombro por la detención arbitraria de que fui víctima, cuando ya estaba compartiendo celda con una reclusa en el área de alta peligrosidad, quien se presentó conmigo y me indicó que purgaba pena por haber cometido varios asesinatos, preguntándole a ella por qué había sido detenida; respondió que había cometido el delito de llevar a sus hijos de vacaciones a otro Estado, la interna sorprendida le cuestionó; ¿A poco llevar a tus hijos de vacaciones es un delito? Yo le dije; ¿No me ves aquí?”
La hermana de la indiciada (ilegalmente detenida), cita: “Cuando detuvieron a mi hermana entregué un sweater y un papel de baño, me quedé a cargo de sus dos niños, a pesar de que soy casada y tengo 24 años, no sabía qué hacer, sin embargo me propuse ser fuerte, mi hermana fue detenida la tarde del viernes e ingresada directamente al CERESO sin que mediara juicio.
Se señaló el sábado a las diez de la mañana para la audiencia, más llegada la hora, salió mi hermana, quien tiene 23 años, vestida con un pantalón y una camisola color naranja fluorescente, alzó las manos al frente y pude ver que estaban esposadas y también vi sus ojos hinchados de tanto llorar, y no pude contener el llanto, por la pena que me causó.
Por su parte, la mujer, de quien fueron violentados sus derechos humanos al ser anulada su presunción de inocencia y recluida como prisionera de alta peligrosidad por un delito aparentemente confeccionado; por la falta evidente de sustento de la acusación, por el ministerio público de Bacalar, dijo que fue acusada por su ex pareja sentimental con la que procreó dos hijos, configurándole el delito de secuestro, ya que fue de vacaciones a otro Estado y dado que ella es la que tiene la patria potestad de los niños los llevó consigo.
Presume que algunas lagunas legales fueron aprovechadas por el ministerio público de Bacalar para acusarla de secuestro de sus dos hijos y recluirla en la cárcel de Chetumal, lo que evidencia misoginia y fallas en el sistema de justica quintanarroense.
Ahora tendrá que defenderse por los medios legales a su alcance de las imputaciones que le hace el MP sometida a un estrés intenso, además de los gastos que su defensa genera, que por ser persona de escasos recursos le afectan en la manutención familiar y espera en breve acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para asesoramiento con la intención de interponer una queja por las vejaciones de las que considera fue víctima al estar ahora bajo un proceso de investigación judicial.
