Por Salvador Pérez Hernández.
Chetumal. La inseguridad, corrupción e impunidad que en la última década ha dejado una estela de más de 100 mil muertes y más de 20 mil desapariciones, azuza la inconformidad por la desaparición de 43 estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Iguala, situación agravada por el cinismo, desaseo, manipulación, falta de seriedad y transparencia en las investigaciones por parte los órganos de procuración de justicia y del sistema judicial, malestar que se ha extendido a la exigencia de que sean presentados con vida o renuncie el Presidente de la República; “Enrique Peña Nieto”.
Este panorama aciago para el partido gobernante; el Revolucionario Institucional, fue legado del Partido Acción Nacional, que manejó torpe e irresponsablemente el problema de inseguridad y del crimen organizado, ha sido aprovechado por los partidos opositores, especialmente por la figura de Manuel Andrés López Obrador, quien de manera oportunista y de promoción personal, atiza la pretensión echándole más leña al fuego, al sumarse a esa ola de voces inconformes y, también, solicitar la renuncia de Enrique Peña Nieto.
En la calle el pueblo ya hace conjeturas, que si Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Macera por la vía provisional o de forma interina pueden suplir a Peña Nieto en Los Pinos, otros van más allá y auguran que el Ejército Mexicano asaltaría el poder, conjeturas sin sustento.
La exigencia de la renuncia de Enrique Peña Nieto, motivada por la inseguridad y argumentando como causa de fuerza mayor la “Casa Blanca”, carecen de sustento, ya que según el Artículo 86 Constitucional señala “El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
En otras palabras una causa de fuerza mayor se refiere a una “crisis política” que significa que la situación haya llegado a tal extremo que el Presidente, ya haya perdido el poder y sea obligado a separarse de su alto cargo, históricamente se presentó una causa de fuerza mayor, el 19 de febrero de 1913 cuando el Presidente; Francisco I. Madero y el Vicepresidente; José María Pino Suárez fueron obligados por las fuerzas armadas a presentar su renuncia ante el congreso de la Unión, y asesinados el 22 de febrero del mismo año.
Por los acontecimientos mencionados, la renuncia no sería válida si se presenta bajo violencia y presión física o moral y ya el constituyente Paulino Machorro Narváez (1917) menciona la imposibilidad práctica de hacer valer la causa de fuerza mayor por circunstancias de presión, que de obligar a los legisladores a aceptar la renuncia de manera violenta, resultaría inútil por la ruptura del orden Constitucional.
Por otra parte el Gobierno de la República encabezado por Enrique Peña Nieto pretende hacer frente a la grave crisis de Inseguridad, Corrupción e Impunidad, mediante un decálogo de acciones que permitirían: disolver ayuntamientos, sanciones a funcionarios por corrupción y cohecho, corporaciones policiacas con mando estatal, clave de identidad única, un solo número de emergencias (911), intensificación de operativos en los estados más inseguros, reforma penal para la implementación de los juicios orales, portal público que otorgue mayor transparencia a las adquisiciones, ampliación de marco jurídico para combatir la desaparición forzada y la tortura, con banco de datos nacional de desaparecidos e información genética, Sistema Nacional Anticorrupción y Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Sin embargo estas medidas serán insuficientes, si en el país no se abren oportunidades de superación y trabajo que permitan tener una vida digna y no se promueven principios y valores de la cultura democrática como son el respeto, tolerancia, legalidad, participación cívica, honestidad, entre otros.
