Cancún, Quintana Roo.— La empresa VAG Inmurecuperadora S.A. de C.V. fue denunciada públicamente por presunto fraude inmobiliario, luego de que personas afectadas señalaran que la compañía cobró por la venta y regularización de inmuebles y terrenos que no existían, utilizando contratos ratificados ante notaría pública, y que, pese a reconocer por escrito la inexistencia del bien, se ha negado a devolver el dinero.
De acuerdo con la documentación exhibida por los denunciantes, los hechos derivan de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Intermediación, ratificado ante la Notaría Pública número 114 de Cancún, mediante el cual VAG Inmurecuperadora se comprometía a entregar un inmueble dentro de un plazo determinado. Sin embargo, el compromiso no fue cumplido.
Posteriormente, el 24 de julio de 2025, la propia empresa firmó una solicitud formal de devolución del pago, en la que reconoció expresamente no contar con el inmueble ofrecido. A pesar de ello, han transcurrido más de cuatro meses sin que el reembolso se haya realizado, aun cuando el plazo contractual venció.
Los denunciantes señalan que los recursos fueron entregados directamente en la notaría, a Clara Edith Arellanes Mukul, apoderada legal de la empresa, así como a Milton Arteaga Rivera y Mauricio Reyes, quienes intervinieron en la operación. Advierten además que las oficinas y perfiles de VAG Inmurecuperadora en Cancún, Playa del Carmen y San Luis Potosí formarían parte de un mismo esquema de captación de clientes.
De acuerdo con los afectados, han acudido en diversas ocasiones a las oficinas de Cancún, ubicadas en la avenida Quintana Roo, casi esquina con avenida Kabah, donde fueron atendidos por el gerente Adrián Ramos, quien —según relatan— realizó promesas reiteradas de devolución, incluso solicitando datos bancarios para efectuar el pago, aunque posteriormente informó que no sería posible realizar la devolución en agosto de 2025.
Asimismo, señalan que el 7 de octubre, una persona identificada como Jorge Guerrero, señalado como supuesto propietario, se comprometió a liquidar la deuda; sin embargo, desde esa fecha no han vuelto a tener comunicación alguna con él.
Para las personas afectadas, el uso de contratos, poderes notariales y documentación fiscal habría servido como una fachada de legalidad para concretar los cobros, mientras que la inexistencia del inmueble y la retención del dinero evidenciarían un patrón de engaño que podría repetirse con más personas.
Ante la gravedad de los hechos, los denunciantes exigen la devolución inmediata de los recursos y lanzan un llamado urgente a la ciudadanía para no contratar, no entregar anticipos ni firmar convenios con esta empresa sin verificar previamente la existencia y posesión legal de los inmuebles, a fin de evitar ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario.
