Acusan a representante estatal de Cofepris de vender licencias y permisos a nombre de la Comisión, pero todos son documentos apócrifos
El uso de credenciales falsas de verificadores, la creación de una página falsa y cobros mensuales no reportados a hoteles, restaurantes bares y hasta a laboratorios de pruebas para detección de covid-19, son parte de la red de irregularidades que presuntamente diseñó Miguel Alejandro Pino Murillo, director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), en Quintana Roo.
Así lo asegura Sergio Canto, quien trabajó como verificador en Cofepris en esa entidad, pero renunció al notar que había una red paralela que trabajaba con credenciales falsas, que incluían un código QR que redireccionaba a una página apócrifa de la Cofepris.
Entrevistado por La Silla Rota, describe el modus operandi para cobrar sin reportar fiscalmente esos ingresos. Con esos documentos, de los cuales este medio tiene copia, se presentaban los supuestos verificadores a los locales, los encargados de los negocios checaban el código QR y al ver la página falsa de Cofepris encontraban los nombres de los empleados, ignorando que era apócrifa, confiaban y pagaban trámites o incluso escuchaban ofrecimientos para acelerarlos, a cambio de un cobro que no caía a las arcas oficiales.
NEGOCIO FAMILIAR Y DE CUATES
«Para poder operar, Pino Murillo, quien dice ser cercano al gobernador Carlos Joaquín González, compró un dominio, como cualquiera puede hacerlo, pero era una página falsa, puso los logos de las Secretarías de Salud federal y la del estado, de la Cofepris, y debajo puso fotos de los supuestos verificadores con los nombres completos, él cargó un número de verificador y ponía ´Habilitado´.
«Él hacía credenciales falsas, entonces cuando escaneadas el código te mandaba a la página falsa y si no sabes, pues dices ok y sale la foto del verificador. Es usurpación de funciones, no están dados de alta en el sistema, no tienen contrato ni estatal ni federal, cualquiera podía ser verificador y Pino Murillo estuvo poniendo a sus primos, cuñados, amigos, a sus vecinos y al final era para extorsión, todos le correspondían con la recaudación. Todos le respondían a él en lo personal, y él no le respondía al gobernador».
Además de las credenciales y la página, también duplicaban folios de documentos que llegaban de la federación, dice Sergio Canto. Los documentos, aunque sí incluyen logos oficiales, deben ser en papel seguridad, pero estaban hechos sobre papel bond.
Entre los clientes de la red estaban casinos, hoteles, restaurantes, bares, que necesitan hacer 4 trámites ante la Cofepris: aviso de funcionamiento y apertura de cualquier establecimiento; dictamen sanitario, que sirve para temas de hospedaje, para establecimientos que venden bebidas alcohólicas o alimentos, luego se creó una constancia de cumplimiento de protocolos y medidas de prevención covid-19 y esa constancia decía que si acreditaban cumplir todas las medidas, se la daban, pero en realidad los lugares no se verificaban y se cobraba a discreción.
PAGOS Y MÁS PAGOS
Además, había una constancia para establecimientos pequeños, por el cual cobraban 3 mil pesos, pero si era un hotel cobraban hasta 50 mil y esa constancia no está regulada dentro del sistema de gobierno federal, ya que no existe ese concepto, afirma el ex empleado de Cofepris.
«Él les decía que, si su establecimiento u hotel incluía bar, spa o restaurante, cada uno debía tenerla».
A los casinos les cobraban al mes hasta 200 mil pesos mensuales por tener su área de fumadores abierta. También se les impuso una especie de cobro de piso a laboratorios por pruebas rápidas de detección de la covid y por cada prueba que realizan deben pagar 100 pesos y entregarle cada semana el monto.
«Decía que esos 100 pesos eran para el estado, para que no lo molestaran. No sé cómo le hacían».
TAMBIÉN COBRABAN POR TARJETAS DE SALUD
Otro negocio eran las tarjetas de salud para que personal encargado de brindar alimentos y bebidas, trabajara certificado en restaurantes y hoteles.
Las entregan, porque la red continúa, a cambio de 285 pesos y la hacen renovarse quincenalmente. Es un negocio lucrativo ya que, al tratarse de una zona turística, hay muchas personas que las necesitan, y si no la portan pueden hasta clausurar al negocio.
Canto dice que él formó parte de la Cofepris en el estado, pero al darse cuenta de la red paralela, renunció.
«Cuando el tema explotó porque la gente no confiaba en Cofepris, me rebelé, dije ya no puedo seguir trabajando, que me mandes a cobrar y se vean los papeles falsos. Él dijo ‘no pasa nada, el gobernador nos respalda».
Sergio Canto asegura que a los verificadores que no estaban de acuerdo, Pino Murillo los amenazaba telefónicamente, quien además se jactaba de que no le podían hacer nada, porque supuestamente contaba con el respaldo del gobernador, Carlos Joaquín González.
«Aumentó su nivel de vida, cuando inició la administración andaba en auto normal y ahora tiene 6 casas y más de 10 a 12 vehículos, cuatro blindados. Además, trae 3 escoltas armadas».
Dice que la red abarca de Tulum a Isla Mujeres y uno de sus presuntos brazos es el coordinador de Cofepris de la zona centro, Francisco Javier Toledo Alvarado, quien se mantiene en el cargo y opera en Tulum, Cozumel y Playa del Carmen.
Es el mismo que hace dos meses salió mencionado en dos mantas donde lo acusaban de extorsionar y en la sede de la Cofepris le dejaron una lengua de res para amenazarlo de que dejara de hacerlo.
LA RENUNCIA
Canto recuerda que las credenciales falsas fueron descubiertas cuando un hotel sí cotejó la página, lo cual ocurrió hace unos 4 meses. A finales de octubre de este año, Pino Murillo presentó su renuncia, para lo cual argumentó que fue debido a cuestiones de salud. Sin embargo, de acuerdo con Canto, la estructura que quedó aún trabaja para él.
«Sigue cobrando cuotas a establecimientos, esto no ha parado. Ya cobra pagos mensuales o cuotas incluyendo hoteles, restaurantes y bares».
Quien quedó como interina en su lugar fue la ex encargada de Bienes y Servicios de la Cofepris, Andira Aracely García Candelario, con quien presuntamente sostiene una relación sentimental.
«Quedó ella hasta este mes, cuando el gobernador designó a otra persona ya o relacionada con Pino Murillo «. Cuestionado sobre si Cofepris a nivel federal ha hecho algo al respecto, él cree que no tienen la menor idea de lo que pasa.
«No creo que sepan que el gobernador nombró a un director de Cofepris, lo que hizo el anterior y que sacó gente y empezó a meter a sus amigos y familiares. Cofepris ahora es un caos en materia interna, nadie está verificando, no existen órdenes de aprehensión, no hay dictámenes sanitarios, porque García Candelario quería poner órdenes, pero no quería firmar documentos porque tiene miedo. Entonces no están recaudando, pero por fuera siguen cobrando».
De acuerdo con otra fuente, también Pino Murillo tendría una supuesta participación en la expedición de estos permisos. Además, parte de lo recaudado sería para financiar la campaña a gobernador del PRI, que se celebrará el próximo año.
DESCONOCE COFEPRIS A GESTORES
El 15 de diciembre, la Cofepris emitió un comunicado donde informó que exfuncionarios y gestores no tienen participación en la toma de decisiones de la comisión.
«La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha recibido denuncias públicas y de personas empresarias contra exfuncionarios, quienes engañan garantizando realizar trámites y servicios en forma favorable con el argumento de contar con supuestas conexiones, privilegios, influencias y facultades.
Esta autoridad aclara que ningún intermediario, ex funcionario o gestor cuenta con acceso privilegiado ni puede garantizar los resultados de trámites.
«Desde el inicio de este año se han realizado varios cambios a procesos para combatir la corrupción y el influyentismo, o los privilegios dentro de la institución, mismos que contribuyen a poner fin a prácticas de discrecionalidad en la resolución de trámites y servicios. El resultado se refleja en la destitución de personas funcionarias públicas».
De acuerdo con el diario Excélsior, presuntamente uno de esos funcionarios es Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que ya fuera de la comisión, ofrece agilizar trámites a cambio de dinero. El exfuncionario fue atacado a balazos el año pasado, en la colonia Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La Cofepris a nivel nacional ha tenido diversos escándalos este año, uno de ellos ocurrió el 30 de septiembre de este año, cuando elementos de la Secretaría de Marina hicieron acto de presencia en sus oficinas. La razón fue que se detectó la expedición de permisos de importación de precursores químicos a discrecionalidad como el fentanilo, informó al Senado el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, el pasado 15 de octubre.
También ha realizado cambios en su organigrama. El 28 de septiembre llegaron a la comisión Bertha Alcalde Luján, a la Comisión de Operación Sanitaria; y Hermilo Domínguez Zárate, a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo. De acuerdo con un comunicado de la Cofepris, los nuevos funcionarios llegaban para fortalecer las acciones de control sanitario, la innovación regulatoria «y el combate a la corrupción y la discrecionalidad».
La Silla Rota buscó la postura de la Cofepris sobre el caso del uso de credenciales y documentos apócrifos en Quintana Roo, pero no hubo respuesta.
Fuente: https://lasillarota.com/
