¿Y la transparencia?
Por José Luis Barrón
FUENTES: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Agencias y Redes Sociales
Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortara el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a razón del 75 por ciento a su gastos de operación, recientemente el titular de esta dependencia, Roberto Aviña Carlín, explicó que el pasado 23 de abril devolvieron a la Tesorería federal 45 millones de pesos, sin embargo, ahora en una “negociación al más alto nivel” con el secretario de Hacienda Arturo Herrera a través de Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solicitan una bolsa de 89 millones de pesos para el cierre de 2020.
Aunado a lo anterior, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó 9.2 millones de dólares más un cofinanciamiento de 40.3 millones de dólares del Gobierno de México, para un proyecto que conservará la biodiversidad marina y promoverá medios de vida sostenibles en las comunidades de los estados “beneficiados”: Baja California Sur, Quintana Roo, así como en el Parque Nacional de las Islas Marietas en el paisaje marino del estado de Nayarit y cuyo porcentaje mayoritario de esos 50 millones de dólares será destinado a las reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y la de Sian Ka’an)
Es decir, de lograr los 89 millones de pesos mexicanos la Conanp estaría cerrando el año con más de 500 millones de pesos con el recurso ya autorizado por el FMAM, en tanto que la Asociación Civil “Amigos de Sian Ka’an” recibe en promedio un recurso anual por el orden de los 35 mil millones de dólares del Banco Mundial y de sus 55 benefactores, lo que a puro ojo de buen cubero con todo y el recorte esa dependencia es millonaria y sin embargo se cerraron oficinas, se despidió personal y todavía andan lloriqueando por más, cuando quedó demostrada su inoperancia.
Ejemplos de esa inoperancia podemos citar una infinidad, desde el proyecto hotelero del ex presidente del municipio de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, que afectó la zona del Palancar, perteneciente al Parque Nacional Arrecifes, ecocidio que hasta la fecha sigue impune, así como la reciente invasión de un millonario cerca de las ruinas arqueológicas de Tulum, donde construyó sin preocupación una mansión en territorio donde anidan tortugas marinas y la devastación provocada por los incendios forestales que tan solo en los últimos dos años han afectado 5 mil hectáreas de varias áreas y principalmente de la Reserva de Sian Ka’an y aunque se culpan a los cazadores furtivos no hay ningún detenido.
Y luego entonces dónde han ido a parar todos los recursos que se obtienen a según para proteger el medio ambiente, no hay rendición de cuentas en el rubro, ni de parte de las instituciones y mucho menos de las asociaciones y es por demás sabido que la Conanp nació corrompida ya bien ubicado su modus operandi, valiéndose del chantaje ecológico para crear esas áreas que luego concesionan a las asociaciones “ambientalistas” las que las operan de manera discrecional beneficiándose así, como se ha hecho históricamente, de las tierras y de las culturas de los pueblos.
Lo que el propio secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, ha reconocido al señalar que quienes critican estos recortes son políticos que se han beneficiado con “negocios verdes” y en el caso de Quintana Roo han sido justamente los herederos de la franquicia del Partido Verde Ecologista (PVE) y actualmente el propio Alfredo Arellano Guillermo, secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente y voraces seudo ambientalistas quienes pretenden a toda costa imponer una ANP en el Sur del estado, donde tanto ejidatarios como empresarios no están dispuestos a que otros “pelaos” externos vengan a manejar sus patrimonios, pues el ejemplo ha sido muy claro con la vecina Biosfera de Sian Ka’an.
DESTACADO
Ninguna secretaría se salva de actos de corrupción en los sexenios “prianistas” ni el actual y la Conanp tampoco es la excepción. El año pasado, ejidatarios de Álamo, Sonora, denunciaron actos ilícitos de funcionarios pertenecientes al organismo, especialmente de la ecóloga Elvira Rojero Díaz, a quien señalaron por frenar todo tipo de actividad productiva sustentable que permita vivir a los ejidatarios del producto de sus tierras; asimismo, por no transparentar el uso de recursos públicos que ejerce la ANP de Álamos-Río Cuchujaqui.
