Por Victoria Castro Chávez
La Comisión de Derechos Humanos de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo atraviesa un momento incómodo: su trabajo avanza, sí, pero sin impacto visible frente a la magnitud de los problemas que enfrenta el estado.
Encabezada por la diputada Lilia Inés Mis Martínez, la comisión ha centrado su agenda en reformas legales y ajustes administrativos. En papel, el trabajo existe. En territorio, la percepción es otra: poca profundidad, baja incidencia y escasa conexión con la realidad social.
Los números no ayudan.
Alrededor de 14 asuntos turnados en más de un año legislativo reflejan una productividad limitada para una comisión que debería estar en la primera línea de respuesta ante temas críticos.
Y los temas están ahí, acumulándose.
Violencia policial.
Desapariciones.
Conflictos con comunidades indígenas.
Condiciones penitenciarias.
Abusos contra migrantes.
Problemas estructurales que requieren posicionamiento, seguimiento y presión institucional. Pero desde el Congreso, la respuesta ha sido discreta, cuando no ausente.
El contraste es evidente.
Mientras la agenda oficial habla de proteger a sectores vulnerables y fortalecer los derechos humanos, en la práctica la comisión se mantiene en una lógica más técnica que social, más reactiva que propositiva.
Incluso iniciativas relevantes, como la reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado presentada en marzo de 2026, permanecen sin claridad pública sobre su alcance real. Sin debate amplio. Sin socialización.
Y sin presión.
Organizaciones civiles y observatorios legislativos ya comenzaron a señalar lo que antes era solo percepción:
una comisión que legisla, pero no conecta.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo ha advertido sobre una dinámica más amplia dentro del Congreso: aprobación acelerada de iniciativas, baja deliberación y limitada participación ciudadana en temas de alto impacto.
El problema no es menor.
Porque una comisión de derechos humanos no puede ser solo un espacio técnico. Debe ser una voz incómoda, un contrapeso real, un actor presente en los conflictos sociales.
Y hoy, esa presencia no se siente.
En un estado donde las tensiones sociales crecen y las demandas ciudadanas se multiplican, la distancia entre el Congreso y la realidad se vuelve cada vez más evidente.
La pregunta ya no es si trabajan.
La pregunta es si su trabajo está a la altura del momento que vive Quintana Roo.
Y, por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia el silencio.
