Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— El rezago en la impartición de justicia mantiene bajo presión al sistema penitenciario de Quintana Roo, donde actualmente la mayoría de las personas privadas de la libertad permanece encarcelada sin haber recibido una sentencia definitiva.
Información oficial del Sistema Nacional Penitenciario y reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado revelan que cerca de siete de cada diez internos continúan sujetos a proceso judicial, situación que ha provocado sobrepoblación, saturación y presión operativa en distintos centros penitenciarios de la entidad, particularmente en el Cereso de Chetumal.
Las cifras reflejan un problema que se ha profundizado en los últimos años. Datos penitenciarios nacionales señalan que de una población superior a las 3 mil 600 personas privadas de la libertad en Quintana Roo, apenas poco más de mil contaban con sentencia firme, mientras el resto permanecía a la espera de resolución judicial.
Para 2025 y 2026, informes oficiales estiman que el porcentaje de internos sin sentencia definitiva alcanzó entre el 67 y 70 por ciento de la población penitenciaria estatal.
El Centro de Reinserción Social de Chetumal se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración de internos debido a los constantes traslados provenientes de Cancún y Playa del Carmen, municipios donde las autoridades han buscado reducir riesgos relacionados con autogobierno criminal y sobrepoblación penitenciaria.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado diversos operativos de redistribución bajo el argumento de reforzar el control dentro de los penales; sin embargo, estas acciones también han incrementado la saturación y carga operativa en el penal de la capital.
Entre las personas trasladadas se encuentran internos procesados por homicidio, robo con violencia, narcomenudeo, secuestro y delitos sexuales, muchos de ellos aún sin recibir sentencia.
La situación también exhibe el severo rezago que enfrenta el sistema de justicia penal en Quintana Roo, particularmente tras el crecimiento poblacional, el aumento de delitos de alto impacto y las dificultades operativas derivadas del nuevo sistema penal acusatorio.
Especialistas advierten que la prolongación de la prisión preventiva genera graves consecuencias sociales y jurídicas, debido a que miles de personas permanecen encarceladas durante años sin que exista una condena definitiva.
Además, internos procesados conviven bajo las mismas condiciones que personas ya sentenciadas, situación que impacta principios fundamentales como la presunción de inocencia y dificulta los procesos de reinserción social.
Familiares de personas privadas de la libertad han denunciado también problemas derivados de la sobrepoblación penitenciaria, entre ellos hacinamiento, limitaciones alimentarias, insuficiencia médica y falta de espacios adecuados dentro del Cereso de Chetumal.
Mientras tanto, el crecimiento constante de la población penitenciaria continúa rebasando la capacidad instalada de los centros de reclusión del estado, cuya infraestructura resulta insuficiente frente al incremento de detenciones y la lentitud en la resolución de expedientes judiciales.
El escenario refleja uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad y justicia en Quintana Roo: no sólo combatir la criminalidad, sino garantizar procesos judiciales ágiles que eviten que miles de personas permanezcan encarceladas sin sentencia durante largos periodos.
