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Política

Alerta Observatorio Quintana Roo sobre riesgos del crédito autorizado al Ejecutivo

Cancún.— El Observatorio Quintana Roo, A.C., señaló hoy que, si bien la pública de Quintana Roo es herencia directa de administraciones anteriores, su nivel y razones de cobertura derivadas de la aprobación, el pasado miércoles en el Congreso del Estado, de la solicitud del Poder Ejecutivo para contratar 820 millones de pesos adicionales, llevan a la deuda del Estado a superar los 20 mil millones de pesos al adicionar el equivalente al 4 por ciento.

Se deja al Estado en una situación sumamente comprometida y sin margen de maniobra, añadió. Nos parece que una reducción en los flujos futuros de efectivo, derivado del compromiso adquirido, reduce más ese margen para el futuro.

En ese sentido, señaló que el gobierno del Estado está obligado a mejorar los flujos de efectivo mediante el incremento de los ingresos para no dejar comprometida la estructura financiera. “No es cosa fácil, pero debe ser el objetivo”.

En un comunicado, la agrupación recordó que el 23 de febrero Sefiplan presentó a la XVI Legislatura el esquema bajo el cual se pretendía contraer una obligación contra futuros ingresos del Estado, considerados en la partida del Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas, es decir, buscó comprometer un porcentaje de las aportaciones futuras como fuente de pago de una obligación (por no mencionar el nombre financiamiento) con destino específico y un monto determinado.

Sobre el mecanismo bajo el cual se contrae esta obligación, es posible que el Estado pueda obtener un pasivo mayor y estar en línea dentro la Ley de Disciplina Financiera, que, en su más reciente reporte de indicadores del sistema de alertas para las entidades financieras, sitúa a Quintana Roo, con un 158.8 por ciento de la deuda sobre ingresos de libre disposición, en semáforo amarillo.

Además, el Estado fue ubicado en segundo lugar nacional en el nivel de endeudamiento, con 15.2 por ciento de servicio de deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, siendo la entidad con el mayor índice y el único en semáforo rojo en este indicador y con el 11.1 por ciento en obligaciones de corto plazo con proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

“Lo anterior no es cosa menor, ya que hay estados, como Querétaro, que mantienen los mismos índices en 0.9%, 0.5% y -11.8% correspondientemente”, expuso.

Además, llamó la atención sobre el hecho de que, si bien la iniciativa se envió hace más de dos meses, ahora que hay una legislatura integrada por suplentes y con la ausencia de varios diputados suplentes que aún no rinden protesta, se aprovechó para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta dictaminara la procedencia de la solicitud.

El organismo, también conocido como Observatorio Legislativo, apuntó “un manejo político coyuntural de complacencia al Ejecutivo en periodo preelectoral, que hace suponer diversas propuestas de acuerdos políticos para que se diera”. El resultado de la votación es claro: 16 votos a favor y solamente tres en contra.

La propuesta maneja lineamientos para superar obstáculos que la Ley de Disciplina Financiera establece para limitar el endeudamiento de los estados. Recordemos que en el sistema de alertas que la SHyCP tiene para vigilar esto, Quintana Roo está calificado en Observación, con un rango alto en el indicador del servicio de la deuda y obligaciones de libre disposición, prosiguió.

Nos referimos a que la iniciativa señala la ‘contratación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional’, ya que la ley establece ciertas facilidades en ese camino en comparación con la contratación de deuda directa con instituciones financieras, pero eso no lo libera de tener que hacer el registro ante la SHyCP, estableciendo las condiciones que debe cumplir, como señala el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera, añadió.

En su opinión, la XVI Legislatura no consideró en su análisis los indicadores de alerta de la SHyCP y otros, como el que la deuda del Estado representa el 6.9 por ciento del PIB, cuando el promedio nacional es el 2.9 por ciento; tampoco que a los 21,196 millones de pesos de deuda del Estado a diciembre del 2020 se deben sumar deudas a corto plazo con proveedores y contratistas, que representan el 2.4 por ciento de los ingresos totales del Estado.

De acuerdo con su el Observatorio, este nuevo endeudamiento representa una afectación del 25 por ciento en los ingresos por aportaciones federales presentes y futuras, sin un análisis del Congreso sobre la posibilidad de que esos montos se puedan reducir a futuro, lo que implicará estar en posibilidad de llegar a un escenario de un balance presupuestario de recursos disponibles negativos que afectarán las finanzas estatales.

En ese sentido, subrayó que el artículo 7 de la Ley de Disciplina Financiera establece que se podrá incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo si cae el Producto Interno Bruto nacional en términos reales y eso causa la caída de las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ésta no se compensa con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“La autorización (para la contratación del nuevo financiamiento se) debió valorar un análisis como lo señalado en la ley”, indicó el Observatorio Quintana Roo.

Además, destacó que, por ley, la Legislatura local, está obligada a realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones correspondientes, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.

Por último, manifestó que los recursos derivados de esta obligación tienen un destino específico en 102 proyectos que finalmente el Congreso del Estado redujo y que no sólo debe ser cuidadosamente evaluado en su destino para que tengan un fin que eleve de alguna forma la productividad del Estado, sino que también ha sido recurrente que en cada reestructura o inicio de alguna contratación de esta naturaleza, sean pagadas cantidades millonarias a despachos y bancos por concepto de comisiones que el Estado simplemente no puede pagar.

Infoqroo

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